JAIRO RAMOS ACEVEDO
Abogado - escritor
En una sociedad tan compleja y heterogénea como la colombiana, en donde la razón sucumbe a los caprichos y a los deseos subjetivos de los que detentan el poder económico y político, es muy dura de comprender.
Aún la conciencia colectiva es manipulada por años mediante lenguajes subliminales utilizando las mentiras, injurias, calumnias, enmarcados en un lenguaje hipocrática que ha hecho carrera, y el arte de gobernar se vuelve demasiado duro.
Después de un largo camino de crisis institucional, en las que la Constitución Política es manoseada y a veces manipulada por los operadores judiciales, quizá por eso de tiempo en tiempo, surgen voces de inconformidad, exigiendo que se reforme la Carta Magna, no por los caminos ortodoxos del legalismo sino por el trazado más expedito: una constituyente popular.
Es decir, la democracia en nuestro país es un simple enunciado formal y hueco, jamás ha existido, porque nunca se ha aplicado el pensamiento de Abraham Lincoln, político y abogado estadounidense; quien dijo: “La democracia es el poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo”.
Desde que se fundo el Estado Colombiano, siempre han gobernado quienes han detentado el poder económico, salvo una excepción, Marco Fidel Suarez, quien ejerció la presidencia por sustracción de materia.
Los bandos burgueses que dominaban el poder económico y político no se pusieron de acuerdo. Por tanto, muy pocos han sido los líderes políticos genuinos que han enarbolado las banderas del pueblo en el Congreso de la República, todas las leyes aprobadas, son normas sastre, solo se ha legislado para una minoría privilegiada.
Esta situación ha creado toda una maraña de normas jurídicas que impiden que existan opciones de cambio económico, social y político. El Estado es una estructura cimentada en la no legitimidad del poder, porque quien pretenda estar por fuera del statu quo o del régimen, es catalogado como subversivo, de izquierda, puesto que son solo ellos son los que pueden y deben ocupar los más importantes cargos públicos, y los pocos que logran alcanzar esa hazaña ya están maniatados, cooptados por las mafias del poder político, convirtiéndose en verdaderos títeres de los jefes de los diversos partidos políticos corruptos.
Pero al ahondar más allá de lo aparente, existe una fuerza que trata de cohesionar esa polarización tradicional que siempre ha existido en el tejido social en Colombia, y esa institución es la fuerza pública.
Aparentemente neutral, pero desde adentro siempre conspira contra aquellos mandatarios que no se identifican con el régimen caduco que nos gobierna desde hace 200 años.
Internamente esta procesando, junto con los Estados Unidos, como aliado estratégico, las diferencias o matices ideológicos, para no cambiar el rumbo al país. Es un hecho cierto, y es que desde que llegó Petro a la presidencia, hubo malestar militar; y las huestes del uribismo o más bien los partidarios del Centro Democrático, elevaron su voz de protesta por el cambio abrupto de la cúpula militar de todas las fuerzas; y mucho más cuando Velásquez fue nombrado ministro de Defensa.
Desde ese día, la conspiración empezó a orquestarse, porque los generales retirados de inmediato cerraron filas, para iniciar el mas sutil e intimidatorio proceso de desacreditación de las acciones de la nueva cúpula militar, ignorando la agenda presidencial, como era la de buscar la paz total con los grupos al margen de la ley.
Otros más osados actuaron de frente, indilgando al presidente que el desbarajuste social del orden público no era de las administraciones pasadas que gobernaron a los colombianos sino de éste gobierno genuflexo ante las exigencias irracionales de los grupos guerrilleros que tienen azotado de violencia el campo.
Si de algo sabe un general del Ejército es de dar y recibir órdenes. Por eso debemos suponer que Vásquez nunca confundiría la orden de abrir los cuarteles para que se investigue con un acuerdo de alcances precisos de impunidad y corrupción ocurridos en la implementación del proceso de paz suscrito entre el gobierno Santos y la FARC-EP.
Más que una orden, aquellas palabras del presidente Petro y otras que se habrá escuchado en ámbitos más reservados, tuvieron para el ministro de Defensa el valor de un pacto secreto. Por eso la decisión presidencial de habilitar la actuación judicial de la JEP, para que investigara los falsos positivos. Y, los anuncios posteriores, pusieron al comandante de las fuerzas militares en su lugar, pero no terminaron de despejar el panorama.
¿Estamos ante un nuevo "error de cálculo" del Ejecutivo? En ese caso, ¿es fruto de la inexperiencia en el manejo de asuntos de Estado o de que su enorme poder le impide distinguir los límites? Finalmente, ¿tiene alguna relación este affaire con otros problemas de esta administración?
El respaldo popular, la ausencia de una oposición estructurada en torno a liderazgos y estrategias definidas, el alineamiento apenas disimulado de las organizaciones gremiales y sociales afines, dibujan un escenario demasiado perfecto para ser real.
En esta coyuntura, una estrategia maximalista pudo sustentarse razonablemente en que, en un eventual encontronazo con la Presidencia, nadie iba a apoyar una eventual pataleta militar de un golpe blando. Mucho menos en un asunto que involucrara al pueblo en general que aún respalda la legitimidad de la elección del Presidente Petro.
A simple vista, la inconformidad es total por la inseguridad delincuencial que se vive en muchas zonas del país; sin embargo, muchos ignoran que la lucha contra la impunidad es permanente. Así, mutatis mutandi, volvemos a uno de los problemas centrales de estos dos años de gobierno: ¿cómo hacer que se traguen el sapo de la prescripción quienes siempre escucharon decir a sus líderes que los delitos de lesa humanidad no prescribían? ¿Será posible que pueda surgir un Pactó entre el Ejecutivo y las organizaciones empresariales y gremiales, para lograr integrar una Asamblea Nacional Constituyente? ¿No estamos, acaso, ante el mismo problema de siempre? La reforma agraria, laboral, salud, el tratado de protección de inversiones extranjera con Estados Unidos y otros países, la designación en cargos del gobierno de congresistas derrotados y huérfanos de poder y fracasados, el canje de la deuda y las alternativas para el endeudamiento interno. Hasta ahora, la izquierda a pesar de haber limado las diferencias para adentro, se observa que hacía afuera hay crisis.
No se puede apoyar hoy leyes del capitalismo (negar la reforma a la salud) y mañana a los partidarios de la estatización, y luego mantener mañana los contratos con empresas extranjeras, y berrear su política inmigratoria, negociar hoy con los mandos militares y franquearle mañana el paso a quienes buscan derribar la impunidad. Gobernar es elegir caminos. Y la realidad que vivimos otrora ya no es la misma.
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