El autoinsulto como estrategia política

Por Alexander VelásquezTomado de blogs.elespectador.com

En política, pocas cosas son tan reveladoras como aquello que se dice cuando se cree que nadie está escuchando. Un micrófono abierto en un acto público en San Onofre, Sucre, dejó al descubierto una práctica que durante años fue negada o minimizada por el uribismo: la organización deliberada del matoneo digital contra adversarios políticos.

El episodio no solo expuso la existencia de las llamadas “bodegas”, sino que mostró algo más profundo: un liderazgo que normaliza el hostigamiento como herramienta de acción política. El propio Álvaro Uribe Vélez, sin saber que estaba siendo grabado, dio instrucciones explícitas para atacar en redes sociales a una joven activista. No fue una metáfora ni una frase sacada de contexto. Fue una orden.

Crecimos escuchando que el respeto a los mayores era un valor esencial. Pero el respeto, como cualquier principio democrático, es bidireccional. Cuando desde posiciones de poder se promueve la humillación, especialmente contra mujeres jóvenes, lo que se erosiona no es solo la convivencia digital, sino la noción misma de liderazgo responsable.

El video deja en evidencia una estructura política vertical, sin intermediarios ni matices. Mientras una senadora arengaba al público, el verdadero centro de mando operaba al margen del discurso formal, asignando tareas, definiendo blancos y celebrando el efecto emocional del ataque. No hubo corrección posterior ni rectificación genuina. Hubo, por el contrario, una defensa que transformó el insulto en consigna.

El concepto de “uribestias”, lejos de ser rechazado, fue asumido con orgullo por el propio partido. El Centro Democrático respondió a las críticas reivindicando el término y presentándolo como símbolo de lealtad. El autoinsulto se convirtió en identidad política. En lugar de cuestionar el fondo del señalamiento —el uso de ejércitos digitales para intimidar—, se optó por trivializarlo y celebrarlo.

Este giro no es menor. En un país marcado por la violencia simbólica y real contra las mujeres, promover el llanto como objetivo político resulta particularmente grave. No se trata de una disputa ideológica intensa, legítima en democracia, sino de una práctica que busca deshumanizar al contradictor y silenciarlo mediante el miedo y la exposición masiva.

La víctima de este episodio, María José Gómez, denunció públicamente el hostigamiento y señaló al expresidente como responsable del clima de persecución en su contra. Su testimonio no solo pone rostro al ataque, sino que plantea una pregunta incómoda: ¿qué responsabilidad tienen los líderes políticos sobre el comportamiento de sus seguidores cuando ese comportamiento es inducido desde arriba?

El problema de fondo no es un desliz técnico ni un error de comunicación. Es una concepción del poder que ve en la intimidación una forma válida de acción política. Que esto ocurra en la antesala de una nueva campaña electoral, y con un expresidente aspirando de nuevo a un cargo público, obliga a una reflexión más amplia sobre los límites éticos de la contienda democrática.

El fanatismo político suele anestesiar el juicio crítico. Lleva a justificar lo injustificable y a aceptar como normal lo que debería generar rechazo. Convertir el insulto en emblema puede resultar eficaz para cohesionar una base, pero tiene un costo alto: empobrece el debate público y degrada el lenguaje político.

Si la política aspira a representar a la sociedad, difícilmente puede hacerlo desde el desprecio. Donde el insulto se presenta como virtud y el matoneo como estrategia, quizá no esté el lugar que muchos ciudadanos están buscando.