Un problema de Estado

Al mediodía, bajo un cielo plomizo que anticipaba lluvia sin llegar a cumplirla, Cali se movía lentamente. El calor hacía que algunos caminaran con prisa hacia cualquier restaurante con una mesa disponible; otros buscaban sombra donde fuera posible. En medio de ese tránsito cotidiano, casi nadie advirtió lo que ocurrió a pocos pasos de la salida de una librería del centro.

Un hombre de unos treinta años —cabello largo, lacio y grasoso, ropa visiblemente sucia, pantuflas desgastadas y un pequeño frasco con pegante— recibió golpes de escoba y puntapiés antes de que alguien lograra comprender qué había sucedido. Los gritos de algunos transeúntes, celebrando la agresión, confundían más que aclaraban: “¡Dale, dale!”, repetían.

La víctima, bajo los efectos de las drogas, apenas reaccionaba. Su mirada errante parecía no registrar el peligro, aunque los golpes dejarían marcas en la espalda, los brazos y el rostro. Lo que había hecho era sustraer un juguete plástico de quince mil pesos, según Luz Adriana, la dueña del local.

El hombre entró, observó sin observar, tomó el juguete y escapó. El resto lo hizo la multitud.

Este episodio —leve para quienes lo presenciaron, grave para quienes entienden el trasfondo— revela una pregunta más compleja que el hurto de un objeto menor: ¿es válido que la ciudadanía tome justicia por mano propia? Y más aún: ¿quién debe garantizar la protección, atención y tratamiento de las personas que viven en la calle, padecen trastornos mentales o consumen sustancias psicoactivas?

En un país donde la pobreza convive con la indiferencia, estas preguntas no pueden seguir sin respuesta. El fenómeno de habitabilidad en calle, salud mental y consumo problemático de sustancias es un asunto de Estado, no un simple problema urbano. Exige políticas públicas robustas, presupuesto sostenido, articulación interinstitucional y voluntad política real.

Los aspirantes al Congreso, a las alcaldías, gobernaciones y a la Presidencia no pueden eludir este debate. El país tampoco.

El Cambio en Colombia no puede detenerse: Iván Cepeda

Un candidato que despierta lealtades profundas

Por Campo Elías BarcoEspecial para La Razón

El trayecto desde el corregimiento La Habana, en Buga, hasta el centro de Cali puede tomar dos horas para quien debe tomar dos buses y culminar el viaje en el sistema MÍO. Para don José Orlando Moreno, campesino, ese recorrido no fue un obstáculo. Lo hizo para escuchar en persona al candidato presidencial Iván Cepeda.

“Quería verlo, escucharlo, y si podía darle la mano”, explicó. Y lo consiguió.

La admiración no nació en tiempos electorales, sino en los años en que el Bloque Calima aterrorizó la región. José Orlando recuerda las masacres de 2001: ocho campesinos asesinados en La Magdalena; catorce más ejecutados en Alaska; y varios días de miedo que se extendieron en La Habana. En esa época —cuenta— quienes denunciaban estos crímenes arriesgaban la vida.

“El único que nos defendió fue Iván Cepeda”, afirma.

Con esa memoria reciente, José Orlando regresó satisfecho a la Terminal de Cali para continuar su viaje hacia Buga. “Mañana vuelvo a mi finca”, dijo, con una serenidad que contrastaba con la intensidad de su historia.

La visita del candidato y las tensiones en Cali

La llegada de Cepeda a Cali estuvo marcada por la incertidumbre. Las autoridades locales sugerían que la ocupación pacífica de la Minga Indígena alrededor del Palacio de San Francisco impedía su concentración política. Tras varios intentos fallidos por encontrar un nuevo sitio, el equipo decidió seguir adelante.

Desde allí, Cepeda —filósofo, escritor y defensor de derechos humanos— envió un mensaje claro: “El Cambio no puede detenerse”. Según él, Colombia atraviesa una transformación que comenzó con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia y que debe profundizarse.

Agradeció a los jóvenes, a la primera línea y a los movimientos urbanos que, según dijo, fueron decisivos para impulsar las reformas sociales. También subrayó la autonomía nacional frente a Estados Unidos y cualquier intervención extranjera.

Paramilitarismo, corrupción y justicia: el triángulo pendiente

Cepeda no evitó los temas más sensibles. Recordó los años de paramilitarismo y la parapolítica, insistiendo en que “ningún poder mafioso puede imponerse sobre la vida humana”. Aseguró que participará en la consulta interpartidista de marzo, defendiendo los derechos del progresismo.

En su discurso, destacó la necesidad de:

• Garantizar verdad, justicia y reparación a los diez millones de víctimas del conflicto.

• Impulsar la igualdad de género y desmontar las estructuras patriarcales.

• Emprender una “gran rebelión contra la corrupción”.

• Orientar los recursos públicos al bienestar de la gente.

Una apuesta agraria como eje de futuro

Una de sus propuestas centrales fue una “revolución agraria”. Según explicó, su objetivo es distribuir tierra y formalizar la tenencia campesina para convertir al país en potencia agroalimentaria. Reducir la inflación y cerrar la brecha rural-urbana serían, según él, efectos directos de este enfoque.

El discurso fue breve, pero contundente. Para muchos asistentes, valió la espera. No solo escucharon a un candidato, sino a alguien que, en su lectura, encarna una causa que comenzó hace años: no detener el rumbo del cambio político en Colombia.