Sombras sobre el Parque del Cholado: Procuraduría investiga irregularidades en proyecto turístico de Jamundí
- Redacción
- 23 mar
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Por William Loaiza Amador Corresponsal de Control Fiscal y Contratación Pública
JAMUNDÍ, Colombia — Lo que debía ser la joya de la corona del turismo gastronómico en el Valle del Cauca se ha transformado en un laberinto de expedientes judiciales. La Procuraduría General de la Nación anunció este lunes 23 de marzo la apertura de una investigación disciplinaria formal contra Joan Manuel Silva López, representante del Consorcio Vivienda y Hábitat, por presuntas irregularidades en la interventoría del emblemático Parque del Cholado.
La decisión del Ministerio Público pone bajo la lupa un proyecto que, desde su concepción en 2022, ha estado marcado por la parálisis y el incremento injustificado de costos, afectando el sustento de cientos de familias que dependen de la venta del tradicional refresco de frutas.
Anatomía de una contratación bajo sospecha
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal sostiene que el proyecto podría haber vulnerado principios fundamentales de la administración pública, como la economía y la responsabilidad. La investigación se centra en cuatro ejes críticos que han desdibujado el cronograma original:
Suspensiones Sistemáticas: El cese recurrente de actividades en la obra sin justificaciones técnicas claras.
Alteración de Condiciones: La firma de múltiples "otrosíes" que modificaron sustancialmente el contrato inicial.
Inflación Presupuestal: Adiciones de capital considerables que han elevado el costo final de la obra por encima de las proyecciones iniciales.
Impacto Social: Los retrasos han golpeado el corazón del turismo en Jamundí, dejando a los comerciantes en un limbo operativo durante años.
El papel del interventor
En el sistema de contratación colombiano, el interventor es el "ojo del Estado" en la obra; su función es garantizar que cada peso se invierta según lo pactado. Sin embargo, la Procuraduría busca determinar si Silva López, en su calidad de interventor, avaló estos movimientos contractuales de manera irregular o si fue omiso ante los incumplimientos del constructor.
"Buscamos verificar si las justificaciones entregadas para estas adiciones se ajustan a la ley o si, por el contrario, perjudicaron el patrimonio público", señaló el ente de control en su auto de apertura.
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