¿Serán estos los verdaderos cambios?

Los recientes ajustes anunciados por el alcalde de Cali parecen responder menos a una estrategia de gobierno claramente definida y más a la presión que ejercen los resultados adversos reflejados en distintas encuestas de opinión. No es un secreto que, en comparación con otros alcaldes del país, los niveles de favorabilidad del mandatario local se ubican en un rango preocupantemente bajo.

En ese contexto, los movimientos en el gabinete lucen como un intento por corregir el rumbo. Sin embargo, hasta ahora no es evidente que apunten a resolver de manera estructural los problemas que enfrenta la ciudad. El riesgo es que los cambios terminen siendo más reactivos que transformadores.

Las dos dependencias intervenidas —Movilidad y Seguridad y Justicia— concentran buena parte de las preocupaciones cotidianas de los caleños. En materia de movilidad, las decisiones adoptadas en los últimos meses parecen desconectadas de la realidad urbana y de las dinámicas sociales de la ciudad. Se ha vuelto casi habitual convivir con motocicletas que circulan sin placas visibles, con placas alteradas o levantadas, en abierta transgresión de las normas básicas de tránsito. Este fenómeno no solo evidencia una falla de control, sino una carencia más profunda: la ausencia de una política pública coherente que articule pedagogía, autoridad y gestión efectiva.

A ello se suma la percepción creciente de que algunas medidas, como la expansión de las cámaras de fotomultas, están más orientadas al recaudo que a la prevención. La movilidad no puede gestionarse exclusivamente desde una lógica sancionatoria. Requiere planeación, análisis de comportamiento vial y, sobre todo, credibilidad institucional. Cuando la ciudadanía percibe que las decisiones se toman sin criterios claros o sin evaluaciones serias de impacto, la desconfianza se instala y el cumplimiento de la norma se debilita.

Algo similar ocurre con iniciativas que, aunque bien intencionadas en el papel, parecen desconectadas del contexto urbano. El reciente contrato para la instalación de cicloparqueaderos fabricados en acero inoxidable genera más interrogantes que certezas. En varios puntos ya se observan signos de deterioro y, en otros, la ausencia de condiciones mínimas de seguridad hace inviable su uso. Resulta difícil comprender por qué se instalan estos dispositivos en zonas sin vigilancia ni garantías para los usuarios, como ocurre en los alrededores de la Universidad del Valle, donde los espacios destinados a bicicletas terminan ocupados por motocicletas. Este tipo de decisiones refuerza la sensación de improvisación y debilidad gerencial.

En materia de seguridad, es cierto que el alcalde no controla de manera directa todos los factores que inciden en el problema. La Policía, la Fiscalía, el sistema judicial, el INPEC y el marco legal tienen competencias propias que limitan el margen de acción del gobierno local. Pero ello no exime a la administración de su responsabilidad de liderar una estrategia integral que articule prevención, inteligencia, recuperación del espacio público y atención a las víctimas. La seguridad no se gestiona solo reaccionando a los hechos, sino anticipándolos.

Un ejemplo claro de esta desconexión entre decisiones administrativas y realidad ciudadana se evidenció en el barrio Mariano Ramos. Tras un ataque criminal contra miembros de la fuerza pública —un hecho condenable y doloroso—, la respuesta fue el cierre de una vía clave del sector, sin diálogo previo con la comunidad ni consideración por el impacto económico sobre comerciantes y residentes. Medidas adoptadas de manera unilateral profundizan el malestar ciudadano y refuerzan la percepción de que las decisiones se toman desde el escritorio, no desde el territorio.

Cambiar secretarios, por sí solo, no garantiza resultados. La gerencia pública exige algo más que la rotación de nombres: requiere diagnósticos rigurosos, definición clara de prioridades, indicadores medibles y, sobre todo, escucha activa. Las ciudades más exitosas no son las que carecen de problemas, sino aquellas que los enfrentan con liderazgo, diálogo y capacidad técnica.

Cali no necesita cambios cosméticos. Necesita transformaciones reales en la forma de gobernar. Y esas transformaciones comienzan por algo elemental, aunque a menudo ignorado: escuchar a la gente. Señor alcalde Alejandro Eder, nadie desea que a su gobierno le vaya mal. Por el contrario, la ciudad necesita que acierte. Y para acertar, es indispensable gobernar con los caleños, no a espaldas de ellos. Escuchar no es una concesión política: es una obligación democrática.