Seamos serios: el problema no es el 23 %

Por Fernando Alexis Jiménez

Las críticas al llamado Gobierno del Cambio por el incremento del salario mínimo en un 23 % no se han hecho esperar. Provienen de distintos sectores ideológicos y no se limitan, como algunos sugieren, a los márgenes más radicales del espectro político. Sin embargo, la discusión suele partir de un diagnóstico equivocado.

El ajuste del salario mínimo en ese porcentaje representó un avance significativo en la reducción de las brechas sociales. No se trata de una medida improvisada ni menor: es una reivindicación histórica de millones de trabajadores que, por décadas, vieron erosionado su poder adquisitivo. En ese punto existe un consenso más amplio del que suele reconocerse.

Las objeciones más frecuentes apuntan a un aumento generalizado del costo de vida: arriendos más caros, alza en los productos básicos, encarecimiento de la canasta familiar y tarifas de transporte difíciles de sostener. El listado de inconformidades es extenso. Pero detenerse ahí equivale a confundir causa y consecuencia.

El problema no es el incremento del 23 %. El verdadero detonante es la especulación. Algunos actores económicos aprovecharon la decisión gubernamental para elevar precios de manera indiscriminada, incluso en sectores donde no existía justificación alguna. Se ha llegado al extremo de atribuir al aumento salarial supuestos incrementos en los precios agrícolas, una afirmación que no resiste el menor contraste con la realidad.

Los productores del campo, lejos de beneficiarse del ajuste, continúan ofreciendo sus cosechas a valores similares —e incluso inferiores— a los del año anterior. Su mayor preocupación no es el salario mínimo, sino la posibilidad de perder la producción por falta de comercialización. La narrativa que los señala como responsables del encarecimiento es, sencillamente, falsa.

Otro rubro que registró aumentos abruptos fue el transporte urbano e intermunicipal, una paradoja si se tiene en cuenta que el país avanza hacia una reducción en el precio del combustible. Los beneficiarios directos del ajuste salarial son cerca de 2,4 millones de trabajadores formales y sus familias; si se considera el impacto indirecto sobre el empleo informal, la cifra se acerca a los 10 millones de personas. Ese universo no explica, por sí solo, el alza desmedida de múltiples bienes y servicios.

La discusión, entonces, debería centrarse en la responsabilidad de quienes especulan, intermedian sin control y se aprovechan de coyunturas sociales para maximizar ganancias. Denunciar esas prácticas no es un acto ideológico, sino una defensa básica del interés colectivo.

Los cuestionamientos al aumento salarial han sido amplificados por gremios y sectores que históricamente han resistido cualquier política redistributiva impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Para ellos, cualquier avance en favor de las poblaciones vulnerables resulta incómodo.

Colombia enfrenta una disyuntiva clara: avanzar en la consolidación de un modelo más justo, equitativo e incluyente, o retroceder ante el miedo y la presión de quienes siempre han estado mejor posicionados. Volver atrás no es una opción. El desafío está en seguir adelante, con firmeza y vigilancia ciudadana, para que el cambio no sea capturado por la especulación ni desviado de su propósito esencial.