Se calienta elección de contralor

La presidenta del Concejo de Cali, Daniella Plaza, se pronunció sobre la reciente citación a audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, programada para el próximo 4 de agosto. Plaza sostuvo que este hecho constituye un trámite habitual dentro de cualquier proceso penal y que, por sí solo, no implica una determinación sobre la responsabilidad de los implicados.

“En mi condición de presidenta del Concejo de Cali, puedo afirmar con total tranquilidad que todas las decisiones adoptadas durante el proceso de elección del contralor distrital estuvieron fundamentadas en la Constitución, en la ley y en las competencias que corresponden a la Mesa Directiva”, señaló Plaza en un comunicado enviado a los medios de comunicación.

Sin lugar a dudas, este es uno de los escándalos más sonados de los últimos años en el Valle del Cauca; un episodio de torpeza política que, seguramente, será recordado y podría sentar precedentes tanto para la justicia contencioso-administrativa como para la disciplinaria. La decisión judicial, que podría derivar en la privación de la libertad tanto para la actual presidenta como para el expresidente de la corporación, Andrés Escobar, tiene un origen netamente político con graves consecuencias penales.

La historia se remonta a julio de 2025, cuando el entonces presidente del Concejo, Édison Lucumí, realizó la convocatoria para la elección del contralor distrital, encargando el proceso a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). El procedimiento adoptado fue el mismo que se utilizó para la elección del contralor del Valle del Cauca y en otras grandes capitales del país, donde el proceso culminó exitosamente.

A la convocatoria se presentaron más de cincuenta profesionales que superaron las pruebas académicas de rigor. Se especulaba que entre los siete candidatos cercanos a la administración distrital estaría el nuevo contralor; sin embargo, ninguno de ellos superó las fases de selección.

La Terna y la "Mano Negra"

El proceso se enturbió al conformarse la terna, de la cual quedaron excluidos los allegados al gobierno caleño. En ese punto crítico, antes de la entrevista y elección, apareció un ambiguo "control de advertencia" de la Procuraduría. La coalición mayoritaria se escudó en dicho documento para no asistir a las tres sesiones convocadas por Lucumí para entrevistar a los ternados. Aquel pronunciamiento generó pánico entre los cabildantes, ante el temor de perder su investidura.

Catorce concejales se ausentaron, mientras que solo siete asistieron a las plenarias exigiendo escuchar a los ternados. El proceso se estancó durante todo diciembre de 2025 por falta de quórum decisorio. Cali inició 2026 sin un contralor elegido, obligando al alcalde a nombrar a una funcionaria encargada.

Con la llegada de la nueva Mesa Directiva, el tema quedó congelado. Daniella Plaza, asesorada por reconocidos abogados capitalinos, argumentó mediante un concepto jurídico que el Concejo debía realizar una nueva convocatoria, dejando atrás el proceso anterior.

El pasado 27 de abril, el magistrado del Consejo de Estado, Jorge Édison Portocarrero, admitió una tutela interpuesta por el ternado Diego Mauricio López, ordenando a la Mesa Directiva elegir un contralor encargado en un plazo de tres días, mandato que se cumplió. No obstante, la coalición mayoritaria y dos miembros de la Mesa Directiva persistieron en su interpretación de iniciar una convocatoria nueva.

Setenta días después de la admisión de la tutela, el Consejo de Estado aún no ha proferido el fallo, a pesar de que el plazo legal era de diez días hábiles. Actualmente, se ha contratado a la Universidad de Pamplona para organizar el proceso que culminaría en septiembre. Sin embargo, ante el nuevo panorama judicial, varios abogados sostienen que el concurso debe suspenderse.