PROCURADURIA PARA LOS RICOS

La actual Procuradora ha trabajado de manera ferviente por los intereses de los ricos y mega contratistas del Estado. Pero se le olvidó que una de sus principales funciones en asocio con la Defensoría del pueblo es “proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad. (Art. 277 numeral 2º Constitución). Bien lo ha dicho el Consejo de Estado:” La autonomía e independencia que la Constitución Política le otorgan a la Procuraduría no implican que este organismo no esté a su turno sujeto a controles, dentro del sistema de frenos y contrapesos ideado por el Constituyente. Más aún, el uso corriente de la expresión “juez disciplinario” por la Corte Constitucional para hacer referencia a la Procuraduría no puede interpretarse bajo ninguna perspectiva en el sentido de que la Procuraduría sea una autoridad jurisdiccional, ni de que sus dictámenes disciplinarios tengan la naturaleza jurídica de sentencias que hagan tránsito a cosa juzgada; tampoco el uso de la palabra “fallos” o “instancias”, en el que se suele incurrir.”

Pero en su labor conciliadora ha tocado temas contractuales, judiciales y de conveniencia pública, entorpeciendo las tareas del actual gobierno y asustando a cuando servidor público quiere desarrollar sus funciones con la mayor celeridad. En vez de ejercer ese poder preventivo para “defender los intereses de la sociedad” (Art. 277 numeral 3º) ha dedicado estos años a privilegiar los derechos de sectores poderosísimos, apoyo político de sus amigos y de intereses que nada tienen que ver con el “pueblo” y la “sociedad”, sino con sectores específicos que acumulan riquezas provenientes de la contratación estatal y de las decisiones administrativas que profirieron gobiernos anteriores de la extrema derecha colombiana. 

Muy grave que los controles que debería tener la Procuraduría, por parte del Congreso, se archiven misteriosamente y que los debates de control político se silencien ante el número de nombramientos que recibieron los Congresistas de parte de la Jefe de ese organismo de control. Un caso ejemplarizante fue el denunciado por la Senadora Esmeralda Hernández (Pacto Histórico) quien reclamó que el debate de control político a la procuradora Margarita Cabello se haya cancelado por sexta vez en la plenaria. Le pidió al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, una fecha fija para que se desarrolle la sesión. Pero quieren que la Procuradora se vaya del cargo como una funcionaria excepcional sin rendir las cuentas que debe a la sociedad y a las veedurías ciudadanas que reclaman por su amiguismo con las fallas que se presentan en la Costa Atlántica y en Antioquia, donde parece que todo es perfecto a sus ojos dedicados a proteger poderosos y socios de sus apoyos políticos. Que no nos venga a decir ahora, que su vida profesional y estatal ha sido ajena a la casa Char y al combo de Senadores y Representantes que integran la poderosa bancada regional.