El presidente, a través de un breve mensaje en redes sociales, se pronunció sobre lo sucedido en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, en el que ambos exfuncionarios se habrían apropiado de más de $1.000 millones del contrato de los carrotanques en La Guajira.
La audiencia de imputación de cargos a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y ex subdirector del manejo del riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que se llevó a cabo en la jornada del 25 de julio de 2024, causó una fuerte reacción en el presidente de la República, Gustavo Petro, que a través de sus redes sociales se pronunció con respecto a este proceso.
En su perfil de X, el primer mandatario se refirió a los montos que de acuerdo con el acervo probatorio de la Fiscalía General de la Nación, se habrían apoderado tanto López como Pinilla: el primero, de $724 millones, en tanto que el segundo habría quedado con $342 millones. Para el jefe de Estado, estas cifras corresponderían a solo una parte de lo hurtado a la unidad, que fue epicentro de este entramado corrupto.
“Respeto a la fiscalía y su trabajo y a los jueces que seguirán participando en este caso. Pero creo que estas dos personas se quedaron con más de mil millones y que la devolución de todo lo hurtado es fundamental”, escribió el jefe de Estado en la red social desde París (Francia), en donde participará de la inauguración de los Juegos Olímpicos; prevista para el viernes 26 de julio.
Durante el desarrollo de la diligencia judicial, desarrollada ante el juez 35 de control de garantías de Bogotá, Cidulfo Hernández, tanto López como Pinilla, al igual que el contratista Luis Eduardo López Rosero, conocido con el alias del Pastuso, se conoció que los dos exfuncionarios del Gobierno nacional habrían pagado multimillonarias coimas, provenientes del contrato de carrotanques.
Tanto el exdirector López como el exsubdirector Pinilla, que no aceptaron los cargos, fueron endilgados de los punibles de:
Concierto para delinquir
Interés indebido en celebración de contratos
Peculado por apropiación agravado por cuantía
Falsedad en documento privado
Falsedad ideológica en documento público
Según indicó la representante del ente acusador, Andrea Muñoz, fiscal 79 anticorrupción, en el contrato por más de $46.800 millones para la adquisición de 40 automotores, se registraron más de $14.163 millones en sobrecostos, de donde salieron los mencionados sobornos. De estos, $7.821 millones fueron dados al citado contratista, mientras que entregó $5.342 millones a Pinilla para cumplir con los compromisos pactados.
“Usted señor Luis Eduardo López Rosero entregó, por pago de coimas pactadas, por la adjudicación de esa orden de proveeduría 192, un total de 6.342 millones que fueron distribuidos así: $1.000 millones para el señor Pedro Rodríguez (exasesor de Olmedo López) y $5.342 millones a Sneyder Pinilla por la coima pactada por la adjudicación de esa orden de proveeduría 192″, mencionó la fiscal delegada.
La delegada del órgano de investigación, a su vez, dijo que el dinero obtenido por el exsubdirector fue repartido así:
Iván Name (expresidente del Congreso): $3.000 millones
Andrés Calle Aguas (expresidente de la Cámara): $1.000 millones
Olmedo López (exdirector de la Ungrd): $742 millones
Sneyder Pinilla (ex subdirector del manejo del riesgo): $342 millones
Comisión de $276 millones
La entrega de sobornos, agregó la fiscal Muñoz, se orquestó por aparente instrucción del entonces director de Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, y contó con la presunta participación de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, que como se conoció en la víspera habría sido la mensajera del expresidente del Congreso, Iván Name Vásquez.
Según datos entregados por la Fiscalía, se han identificado hasta el momento cerca de 21 órdenes para entregar montos en el territorio nacional, que superan los $228.844 millones, no solo con recursos asignados a la Ungrd, sino también de la Agencia Nacional de Tierras; pese a que su actual director, Felipe Harman, negó que recursos destinados a la reforma agraria estén involucrados para estos fines.
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