¿Patrimonio cultural o privilegio exclusivo?

El reciente escándalo por la devolución de más de 2 mil millones de pesos en impuesto predial al Club Campestre de Cali, de las vigencias 2020-2023 ha desatado una ola de cuestionamientos sobre la gestión de los recursos públicos, la justicia tributaria y la ética administrativa en Cali. Lo que en principio parece ser una medida respaldada para la conservación del patrimonio cultural, rápidamente se desmorona bajo el peso de la inequidad y los privilegios otorgados a una élite económica que limita el acceso a los beneficios que esta conservación debería ofrecer.  

El caso tiene su origen en una declaratoria de bienes de interés cultural lo cual genera una exención tributaria que data de hace más de una década y cuya firma se atribuye, aunque sin plena confirmación, a la administración de Rodrigo Guerrero. La intención inicial era preservar elementos de valor arquitectónico, histórico y cultural den la ciudad, una labor encomiable si se enfoca en el beneficio colectivo. Sin embargo, el Club Campestre, al ser una entidad privada con acceso exclusivo para sus socios e invitados, convierte esta intención en un privilegio. No se puede hablar de "patrimonio para las generaciones futuras" cuando solo un pequeño grupo tiene acceso a disfrutarlo.  

Además, los fundamentos técnicos de la declaratoria son cuestionables. Se ha revelado que los elementos patrimoniales protegidos ocupan menos del 6% de la extensión del club, mientras que la exención se aplica al 100% del impuesto predial. Este desequilibrio resulta difícil de justificar, especialmente en una ciudad donde los recursos fiscales son vitales para atender las múltiples necesidades de la población. Aunque la medida podría ajustarse a la legalidad, no necesariamente lo hace a la ética, ya que priva a la comunidad caleña de recursos que podrían ser destinados a servicios esenciales.  

El escándalo toma un giro aún más polémico con la participación de Alberto Hadad Lemos, conocido como "el Sheriff", quien firma la solicitud de devolución en calidad de apoderado del club, mientras ocupa un cargo como asesor en la Secretaría de Movilidad. Este doble rol genera un evidente conflicto de interés que pone en tela de juicio la transparencia de la administración actual. La participación de figuras públicas en este tipo de procesos, favoreciendo a sectores privilegiados, no hace más que reforzar la percepción de desigualdad y alimentar el descontento ciudadano frente a las instituciones.  

Por si fuera poco, este caso pone contra las cuerdas al alcalde Alejandro Eder, quien llegó al poder con la bandera de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Las promesas de campaña que prometían erradicar los vicios del pasado ahora parecen tambalear frente a un caso que representa, precisamente, los problemas que Eder aseguró combatir. La ciudadanía no solo espera que el alcalde rechace esta solicitud de devolución, sino que también tome medidas ejemplares que demuestren su compromiso con la equidad tributaria y la defensa de los intereses colectivos.

Otro aspecto polémico radica en un comunicado emitido por la Alcaldía, donde se afirma que fue el exalcalde Jorge Iván Ospina quien ratificó la condición de Bien de Interés Cultural del Club Campestre. Esta declaración parece buscar desviar la atención sobre la responsabilidad de quien inicialmente otorgó la declaratoria, quien técnicamente la ratifica y, en última instancia, quien aprueba la devolución del dinero. Esta narrativa no solo insulta la inteligencia de los ciudadanos, sino que además genera una inquietante pregunta: si las reclamaciones ante el Estado tienen términos establecidos, ¿por qué la solicitud de devolución se presenta precisamente en esta administración, cuando el padre del actual alcalde Alejandro Eder es socio del club?

Para corregir este despropósito, el alcalde Alejandro Eder tiene en sus manos una tarea clara: revocar directamente el acto administrativo que otorgó la declaratoria de patrimonio a los elementos del Club Campestre o, al menos, ajustarla de manera proporcional al porcentaje real que ocupan estos bienes arquitectónicos dentro de la propiedad. Además, es imprescindible que esta conservación se condicione a que todos los caleños puedan acceder y disfrutar de este patrimonio, ya que ese es el verdadero propósito de una declaratoria de este tipo. Solo así se podrá garantizar que los beneficios culturales y fiscales se traduzcan en un impacto positivo y equitativo para toda la comunidad.

Este no es solo un debate sobre la legalidad de una medida fiscal, sino sobre la ética que debe guiar las decisiones administrativas. El Club Campestre, como cualquier entidad privada, tiene derecho a gestionar sus intereses, pero no a expensas del bienestar de la mayoría de los caleños. Es momento de que las autoridades locales, encabezadas por Eder, prioricen la justicia social y trabajen para que las decisiones que toman no perpetúen privilegios indebidos ni erosionen la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes.