Mesa técnica busca acuerdo entre Gobierno y gobernadores

La gobernadora del Valle del Cauca advierte millonarias pérdidas en salud y educación por el alza de impuestos a licores y cigarrillos.

En una cumbre convocada de manera urgente en Bogotá, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, junto a mandatarios de otros siete departamentos y delegados del Gobierno Nacional de Colombia, expresó su preocupación por los efectos fiscales y sociales del Decreto 1474 de 2025.

La norma contempla un incremento del 19 % en los impuestos aplicados a productos como vinos, licores, aperitivos, cigarrillos y tabaco. Para los gobernadores, la medida no solo altera el equilibrio de las finanzas territoriales, sino que amenaza con profundizar problemáticas sociales ya existentes en las regiones, especialmente en sectores altamente sensibles como la salud y la educación.

Un golpe de $4 billones a las finanzas regionales

Toro advirtió que la proyección oficial de recaudo podría resultar contraproducente. Según explicó, el aumento de los gravámenes podría derivar en una reducción del consumo legal y en un fortalecimiento del contrabando, afectando directamente las rentas departamentales.

“Vamos a perder más o menos un billón y medio entre todos por la disminución en las rentas. Personalmente creo que ese recurso debe ir a las regiones porque es constitucionalmente cedido. Al final, no va a haber plata ni para las regiones ni para la Nación”, señaló la mandataria.

En el caso del Valle del Cauca, las estimaciones preliminares indican que el impacto fiscal superaría los $240.000 millones, una cifra que pondría en riesgo la ejecución de programas estratégicos y el sostenimiento de servicios esenciales en el departamento.

Salud y educación, los sectores más expuestos

La principal alarma se centra en el destino de las rentas cedidas, cuya distribución actual asigna el 49 % al sistema de salud, el 15 % a educación y el 3 % al deporte. De acuerdo con la gobernadora, estos sectores ya enfrentan presiones presupuestales severas.

Toro citó como ejemplo la crisis de la Nueva EPS, situación que ha obligado al Hospital Universitario del Valle a asumir una carga desproporcionada de servicios, incrementando la presión financiera sobre la red pública de salud.

Propuesta de diálogo con el Gobierno Nacional

Pese al tono crítico de las advertencias, la gobernadora aclaró que la intención de los mandatarios regionales no es abrir un frente de confrontación política con el Ejecutivo. Por el contrario, insistió en la necesidad de construir soluciones conjuntas que respeten el marco constitucional de las rentas territoriales.

“Aquí no vinimos a pelear; estamos reclamando derechos constitucionales. Las regiones somos las que estamos viviendo la problemática en salud”, afirmó.

Como salida institucional, Toro propuso la conformación de una mesa técnica entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales, con el objetivo de evaluar el impacto real del decreto y explorar alternativas que permitan mantener la estabilidad fiscal sin desfinanciar a los departamentos ni comprometer la prestación de servicios básicos.