Magistrados que absolvieron a Álvaro Uribe será investigados por presunta inhabilidad
- Redacción
- 17 feb
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La lupa del organismo disciplinario se posa sobre tres integrantes del Tribunal Superior de Bogotá. El proceso busca determinar si hubo una violación al régimen de imparcialidad en la sentencia de octubre de 2025.
BOGOTÁ. — El caso judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez suma un nuevo capítulo administrativo. Este 17 de febrero de 2026, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial notificó la apertura formal de una investigación contra tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, responsables del fallo que absolvió al exmandatario a finales del año pasado.
La investigación se origina tras una queja ciudadana que advierte sobre una posible vulneración del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Según el documento, uno de los magistrados habría participado en la decisión a pesar de estar presuntamente impedido para actuar.
Los implicados y el foco de la investigación
La actuación disciplinaria se dirige contra los magistrados:
Manuel Antonio Merchán Gutiérrez
Alexandra Ossa Sánchez
María Leonor Oviedo Pinto
El foco del proceso es la sentencia proferida el 14 de octubre de 2025 (leída el 21 del mismo mes), en la cual el Tribunal Superior de Bogotá decidió absolver a Uribe Vélez. La queja sostiene que la omisión de un impedimento por parte de uno de los togados "alteró la conformación del tribunal" e influyó en el resultado final, el cual se adoptó por una ajustada mayoría de 2 votos contra 1.
El antecedente en la Corte Suprema
Antes de este proceso disciplinario, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia analizó una tutela interpuesta por el mismo ciudadano que pedía la nulidad del fallo. Sin embargo, la Corte rechazó la tutela por "falta de legitimación en la causa", argumentando que el solicitante no era parte directa del proceso penal y su condición de veedor no lo facultaba para pedir nulidades.
No obstante, la Corte dejó la puerta abierta al señalar que, si existían dudas sobre la ética de los funcionarios, el escenario correcto era precisamente la jurisdicción disciplinaria, paso que se concreta hoy con la apertura de este expediente.
¿Qué sigue en el proceso?
La apertura de la investigación no implica culpabilidad, sino el inicio de una fase probatoria donde la Comisión deberá:
Verificar los hechos: Determinar si efectivamente existía una causal de impedimento no declarada.
Practicar pruebas: Analizar actas de votación, vínculos de los magistrados y el régimen de incompatibilidades.
Calificar la falta: Definir si la actuación constituye una falta leve, grave o gravísima, lo que podría derivar en sanciones que van desde multas hasta la destitución.
Por ahora, la sentencia absolutoria del expresidente Uribe permanece en firme, mientras el órgano de control evalúa si la mayoría que la dictó cumplió con los estándares de transparencia exigidos por la ley.
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