La sombra del Riesgo: Alerta Electoral 2025-2026 pone foco en la violencia contra la Democracia Regional

La Defensoría del Pueblo ha alzado una bandera roja con la expedición de la Alerta Temprana Especial Electoral 2025–2026, un documento que se erige como un mapa de riesgos para proteger la tradición democrática del país. Aunque la entidad asegura que ninguna de las advertencias implica la imposibilidad de realizar los comicios, sí subraya los peligros latentes de vulneración de derechos, libertades civiles y políticas, y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el próximo ciclo electoral.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, fue enfática al calificar el informe como una herramienta preventiva y técnica, cuyo único propósito es mitigar los riesgos y garantizar que el voto se ejerza en condiciones de seguridad y paz.

El Alto Costo de la Participación

El documento se sustenta en una dolorosa realidad ya materializada en el reciente proceso electoral. El informe de seguimiento de la Alerta Temprana de 2023 (AT 030-23) reveló que entre enero de 2023 y junio de 2025 se registraron 71 homicidios de personas defensoras de derechos humanos con participación política. Alarmantemente, el 90% de estos asesinatos ocurrieron en municipios que ya habían sido advertidos por la Defensoría.

Esta violencia no solo afectó a candidatos y precandidatos, sino que se ha extendido a las autoridades locales electas (alcaldes, concejales y funcionarios), quienes enfrentan presiones y amenazas por la expansión de grupos armados ilegales. Este escenario de coacción violenta impacta directamente en el ejercicio libre de la función pública, sembrando el miedo en la base de la democracia.

La Grieta Regional: Riesgo en el Valle del Cauca

Un factor de riesgo constante y que toca de cerca a departamentos como el Valle del Cauca es la dificultad en la coordinación Nación-Región. El informe subraya la persistencia de obstáculos estructurales en la relación entre el orden nacional y las autoridades municipales o departamentales para implementar acciones de seguridad. Esta fragmentación reduce la capacidad de respuesta frente a los riesgos de seguridad y participación.

Adicionalmente, la Alerta resalta que el control social se ha consolidado como una de las principales herramientas de los grupos armados ilegales. Mediante la cooptación violenta, la coerción de la población y la imposición de normas de conducta, estos grupos buscan interferir en el desarrollo de los procesos electorales, un fenómeno que es especialmente sensible en zonas de fuerte presencia de criminalidad organizada en el Valle.