La Procuraduría exige el restablecimiento de derechos para una menor indígena víctima de violencia sexual en Cali

Tras el reporte del secuestro y abuso de la menor de cuatro años en el centro de la ciudad, el Ministerio Público requirió al ICBF medidas urgentes de protección integral y demandó celeridad a los organismos judiciales.

CALI, Colombia — La Procuraduría General de la Nación emitió un pronunciamiento de rechazo institucional ante los hechos de violencia extrema registrados en la capital del Valle del Cauca, donde una niña indígena de cuatro años fue víctima de secuestro y abuso sexual. El órgano de control calificó el caso como una vulneración crítica a los derechos fundamentales de la infancia y exigió una respuesta penal y asistencial contundente por parte de las instituciones del Estado.

Requerimiento formal al ICBF

Ante la gravedad del reporte médico y social, el Ministerio Público notificó formalmente a la Dirección Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que remita un informe técnico detallado sobre las rutas de atención activadas y las acciones implementadas para el restablecimiento integral de los derechos de la menor.

Específicamente, la Procuraduría exhortó a la entidad a garantizar los siguientes componentes:

• Seguridad: Medidas de protección inmediata para salvaguardar a la menor ante cualquier factor de riesgo o vulneración adicional.

• Asistencia en salud: Atención psicosocial y médica de carácter especializado para la víctima.

• Enfoque diferencial: Acompañamiento integral para su núcleo familiar, atendiendo a su condición de vulnerabilidad socioeconómica y étnica.

Contexto de la agresión

De acuerdo con los datos preliminares recabados por los investigadores en el terreno, el hecho se habría perpetrado el pasado jueves 28 de mayo de 2026.

El presunto agresor empleó una modalidad de engaño basada en la oferta de asistencia alimentaria (la promesa de un mercado) dirigida a la madre de la menor. El individuo se aprovechó de la condición de desplazamiento forzado y precariedad económica de la familia, la cual permanecía de forma transitoria en las inmediaciones de la Plazoleta de San Francisco, en el centro administrativo de Cali.

Exigencia de celeridad judicial

Más allá de las medidas de estabilización de la víctima, la Procuraduría formuló un requerimiento directo a la Fiscalía General de la Nación y a las unidades de policía judicial para que agilicen las labores de investigación criminal. El propósito institucional es acelerar el esclarecimiento de los hechos, identificar la ubicación del responsable y ejecutar su captura para asegurar su comparecencia ante los tribunales correspondientes.

«Pedimos a las autoridades competentes actuar con la máxima diligencia para esclarecer lo ocurrido y garantizar justicia para la víctima», enfatizó el Ministerio Público en su comunicado oficial, instando a evitar dilaciones procesales en un caso que mantiene en alerta a la comunidad de la capital vallecaucana.