La reciente polémica surgida en torno a la obra del parque Cristo Rey en Cali ha puesto de manifiesto una vez más la delgada línea que separa el servicio público del protagonismo político. Esta imponente obra, destinada a proteger una zona vulnerable de la ciudad contra la construcción ilegal y la invasión, se ha visto empañada por una controversia que trasciende su función principal.
El ex alcalde Jorge Iván Ospina, quien prometió "dejar descansar a Cali" al término de su mandato, ha saltado nuevamente a la palestra pública para cuestionar el cubrimiento de los logos en la placa inaugural de la obra. Este hecho ha reavivado el debate sobre el uso de marcas de gobierno en obras públicas, una práctica que recientemente ha sido prohibida por ley.
Es importante recordar que la obra de Cristo Rey fue inaugurada de manera apresurada y prematura en diciembre pasado, antes de su finalización y con problemas de financiamiento pendientes. Esta acción del entonces alcalde Ospina parece haber sido motivada más por el deseo de dejar su marca personal antes de la entrada en vigor de la nueva legislación, que por el interés de entregar una obra completamente terminada a la ciudadanía.
La ley que prohíbe el uso de marcas de gobierno en obras públicas responde a una necesidad largamente sentida de separar la gerencia pública del culto a la personalidad. Durante años, los recursos públicos se han utilizado para mantener imágenes de mandatarios que parecían más preocupados por su legado personal que por el bienestar colectivo de los ciudadanos. Esta práctica no solo desviaba fondos de propósitos más urgentes, sino que también distorsionaba la percepción pública sobre el origen y propósito de las obras municipales.
Es fundamental recordar que las obras públicas, como el parque Cristo Rey, se realizan con el dinero de todos los caleños. No son el producto de la generosidad de un individuo, sino el resultado del esfuerzo colectivo de una comunidad que paga sus impuestos y confía en sus líderes para administrarlos sabiamente.
En lugar de centrarse en la preservación de logos y marcas personales, lo que los ciudadanos de Cali deberían exigir a la actual administración distrital es un compromiso firme con la finalización y el mantenimiento adecuado de obras cruciales como el parque Cristo Rey. Además, sería prudente que la administración actual comenzara a desmontar, los logos personalizados en otras obras públicas de la ciudad, en cumplimiento del espíritu de la nueva ley.
El ejercicio del poder público no debe ser un vehículo para la autopromoción o la creación de legados personales. Por el contrario, debe ser un estímulo para que los mandatarios se esfuercen genuinamente en cumplir sus promesas de campaña y mejorar las condiciones de vida de todos los caleños. La verdadera marca de un buen gobierno no se mide en logos o placas, sino en el impacto positivo y duradero que tiene en la vida de los ciudadanos.
La polémica de los logos en Cristo Rey debería servir como un recordatorio de que el servicio público debe estar centrado en el bienestar colectivo y no en el engrandecimiento personal. Es hora de que Cali, y Colombia en general, avancen hacia una cultura política donde las obras hablen por sí mismas, sin necesidad de llevar el sello de ningún individuo en particular. Solo así podremos asegurar que el legado de nuestros líderes sea verdaderamente el progreso y bienestar de la comunidad, y no simplemente su nombre grabado en el concreto.
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