La conectividad debe ser un derecho, no un privilegio

Mientras una profesora en el Amazonas enseña con apenas 5 Mbps, en Bogotá se superan los 250 Mbps: la brecha digital refleja exclusiones estructurales más allá de la cobertura.

La Contraloría advierte que la maximización del bienestar social en el acceso y uso del espectro radioeléctrico, no se ha valorado monetariamente.

Sólo el 5,8% de las empresas industriales utilizan inteligencia artificial: la adopción de nuevas tecnologías digitales en Colombia avanza a un ritmo desigual y limitado.

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En el marco de la ponencia “Desde la Brecha Digital hacia la Conectividad Significativa”, la Contraloría General de la República hizo un llamado urgente: “…en Colombia, la conectividad no puede seguir siendo un privilegio de pocos, sino un derecho fundamental que garantice equidad territorial, inclusión social y desarrollo humano”.

Con un enfoque territorial, ético y técnico, el análisis presentado por la entidad reveló profundas desigualdades en el acceso y uso de internet, especialmente en regiones apartadas como el Amazonas, donde una docente enseña con apenas 5 Mbps de velocidad, mientras en Bogotá se superan los 250 Mbps.

La Contraloría subrayó que el problema no se limita a infraestructura o cobertura, sino que evidencia barreras estructurales que impiden estudiar, trabajar o acceder a servicios de salud.

Una brecha que va más allá del acceso a internet

En departamentos como Vichada, Guainía y Vaupés, menos del 34,1% de los hogares cuentan con conexión a internet. A nivel nacional, más del 59% de los hogares desconectados señalan que el alto costo del servicio es la principal razón. La CGR insistió en que el acceso físico es solo un primer paso, pero no suficiente para una conectividad significativa.

Según datos del DANE, en materia de desarrollo económico, aunque el sector TIC ha contribuido en promedio con el 3,8% del PIB entre 2014 y 2022, su participación relativa frente al PIB total ha disminuido. Esto refleja una baja adopción de tecnologías clave. Apenas el 5,8% de las empresas industriales utilizan inteligencia artificial y solo el 10,2% hacen analítica de datos, lo que evidencia una digitalización incipiente en el aparato productivo del país.

El espectro radioeléctrico como bien público

Además, la Contraloría reiteró que el espectro radioeléctrico debe ser tratado como un bien público para maximizar el bienestar social, y no solo como una fuente de ingresos. Si bien entre 2019 y 2023 se asignaron 460 MHz que generaron más de $6 billones para la Nación. A la fecha, no se ha cuantificado adecuadamente el impacto social y territorial de estas asignaciones,

incumpliendo la obligación legal de valorar económicamente el bienestar generado.

La CGR recalcó que avanzar hacia una conectividad significativa implica no solo redes robustas y tarifas asequibles, sino también acceso a dispositivos adecuados, seguridad digital y habilidades digitales para un uso productivo. Es decir, no basta con estar conectados: se necesita que esa conexión transforme vidas.

Hacia una conectividad universal y significativa

Como hoja de ruta, la Contraloría propone una agenda de acción para todos los actores del sector digital que incluya rediseñar los indicadores de progreso digital con enfoque en bienestar, crear marcos normativos diferenciales para territorios excluidos, consolidar una canasta básica TIC, con conectividad, dispositivos y habilidades, fomentar el uso productivo del internet y fortalecer una gobernanza digital articulada y basada en evidencia.

El mensaje es claro: la conectividad no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para cerrar brechas, expandir capacidades humanas y construir una Colombia más equitativa, inclusiva y preparada para el futuro