Freno a despidos injustificados antes del inicio de la Ley de Garantías

Una circular de Función Pública ordena a ministros y directores proteger la estabilidad laboral y evitar movimientos de nómina con motivaciones políticas en la antesala electoral.

En un intento por aislar el empleo público de las tensiones propias del calendario electoral, el Gobierno Nacional ordenó frenar las desvinculaciones injustificadas en la administración estatal. La directriz busca garantizar la estabilidad laboral y la continuidad del servicio público en el periodo previo a la entrada en vigor de la Ley de Garantías, prevista para el 31 de enero.

La medida fue impartida mediante la Circular Externa 100-002-2026, firmada por la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Mariela Barragán, y dirigida a ministros, directores de departamentos administrativos y jefes de entidades de la Rama Ejecutiva.

El documento establece que, hasta la entrada en vigencia de las restricciones legales propias del periodo electoral, cualquier decisión relacionada con la nómina estatal deberá responder exclusivamente a necesidades objetivas del servicio y a criterios técnicos verificables. Quedan expresamente descartadas las motivaciones coyunturales o de carácter político.

“La gestión del talento humano debe realizarse con absoluta responsabilidad”, señala la circular, al tiempo que subraya la obligación de proteger a los servidores públicos frente a presiones o dinámicas propias de la contienda electoral.

La instrucción se fundamenta en el artículo 53 de la Constitución Política, que consagra principios como la igualdad de oportunidades y la estabilidad en el empleo. En ese sentido, Barragán recordó que el trabajo en el sector público no puede ser tratado como una variable administrativa más, sino como un componente esencial de los derechos laborales y del funcionamiento institucional del Estado.

Desde el Ejecutivo se indicó que la decisión busca preservar la dignidad de los trabajadores y evitar alteraciones innecesarias en las entidades públicas durante un periodo de alta sensibilidad política. La estabilidad del personal, advirtió Función Pública, es clave para garantizar la continuidad de los servicios y la confianza ciudadana en las instituciones.

Con esta disposición, el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca reforzar el mensaje de que la administración pública debe mantenerse al margen de intereses electorales y que los derechos laborales de los servidores del Estado no pueden ser instrumentalizados en función de la coyuntura política.