Pese a la tempestad política que se produjo con la medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, la Fiscalía General de la Nación justificó su proceder con el argumento de que existía riesgo de que la conducta investigada se repitiera.
Por esa razón, el organismo judicial ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario como determinador de los delitos de Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales en Concurso Homogéneo y Heterogéneo con Peculado por Apropiación en favor de terceros, conforme con el análisis expuesto en la parte motiva de una resolución de 123 páginas.
Sin embargo, la Fiscalía ordenó sustituir la medida de detención preventiva en establecimiento carcelario, por la detención en el lugar de residencia del señor Aníbal Gaviria, por lo que dispuso que se suscribiera el acta a que se refiere el artículo 314 de la Ley 906 de 2004.
Así mimo, se ofició al Instituto Nacional Penitenciario, INPEC, para que ejerciera el control de cumplimiento de la detención en el sitio de residencia del procesado
Antecedentes
El señor Aníbal Gaviria Correa es investigado desde hace siete años por la Fiscalía General de la Nación por un contrato del año 2005 y mediante el proceso se busca establecer si fue el determinador de las irregularidades que se habrían registrado en el contrato para la pavimentación de un tramo de la troncal de la Paz.
Según la Fiscalía, los elementos recopilados en el proceso, que se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior sistema penal), indican que Gaviria Correa, cuando se desempenó como gobernador de Antioquia en el periodo 2004-2007, incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.
El fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada-Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó, inicialmente, un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de mas para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia.
Ademas, se constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. Esta omisión generó que el contratista invirtiera mas de 10 mil millones de pesos en maquinaria y equipos.
La investigación evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación publica.
La primera adición represento cerca de 4 mil millones de pesos para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal. La segunda adición, mediante un otro sí, se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador y contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre, Antioquia.
Este último asunto, que comprometió más de 16 mil millones de pesos, debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original.
Para la Fiscalía, el Gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aún cuando hubiese delegado la funcion de contratar, debia ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación.
La defensa
En su indagatoria ante la Fiscalía, realizada el 16 de abril, Aníbal Gaviria dijo que ante la imposibilidad de que una sola persona esté al frente de toda la contratación, durante su primera administración, creó el Consejo Asesor de Contratación, del que hacían parte las Secretarías General, de Hacienda, la Dirección Jurídica, la Secretaría Delegada para la Contratación y Planeación.
El mandatario precisó que “ese órgano hacía un control con enfoque integral, normativo y jurídico” de las contrataciones que se iban a hacer y que “la robustez de sus equipos de gobierno le daba la confianza para no intervenir en los procesos de selección, sino después que se contratara”.
También dijo que desde su campaña a la gobernación decidieron que la pavimentación de la troncal de la Paz beneficiara a Zaragoza, El Bagre, Caucasia y que “la evaluación de los contratos se hacía con el Comité Asesor de Contratación”.
Pese a esas precisiones, Gaviria manifestó que no recordaba si el contrato 2005-CO-20-335 fue objeto de reunión y que “él delegaba y no direccionaba ni intervenía esa delegación”.
También planteó que la ausencia de su firma en muchos documentos a lo largo de ese proceso contractual no significa que estuviera al margen del proceso.
Al resolver la situación jurídica, la Fiscalía no consideró que Gaviria Correa pudiera evadir la justicia y señaló que tiene arraigo y acudió al llamado del ente acusador.
Foto 1: Aníbal Gaviria Correa, gobernador de Antioquia suspendido por la Fiscalía.
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