Fiscalía imputa al exministro Álvaro Leyva por presunto prevaricato

BOGOTÁ, Colombia — La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, como presunto responsable del delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo. La audiencia se llevó a cabo ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá con funciones de control de garantías.

La investigación, adelantada por la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, sostiene que Leyva Durán habría extralimitado sus funciones al expedir tres actos administrativos que, según el ente acusador, fueron contrarios a la ley y tuvieron como propósito obstruir la Licitación 001 de 2023. Dicho proceso estaba destinado a contratar la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta julio de 2026, por un valor de $559.000 millones.

Los actos administrativos bajo escrutinio

De acuerdo con la Fiscalía, aunque el comité evaluador recomendó adjudicar el contrato a una unión temporal que cumplía todos los requisitos, tres decisiones adoptadas por el entonces canciller habrían revertido el proceso:

1. Declaratoria de desierta de la licitación

El 13 de septiembre de 2023, Leyva Durán expidió la Resolución 7485, declarando desierta la licitación bajo el argumento de que solo existía un oferente habilitado. Para la Fiscalía, esta decisión desconoció que la normativa permite adjudicar aun cuando haya un único proponente, siempre que cumpla con los requisitos.

2. Negación del recurso de reposición

Un día después, el 14 de septiembre, mediante la Resolución 7540, negó el recurso de reposición presentado por la unión temporal. La Fiscalía aseguró que, al exigir una sustentación verbal sin fundamento jurídico para desestimar el recurso, se configuró una actuación irregular, pues el análisis careció de soporte fáctico y jurídico.

3. Declaratoria de urgencia manifiesta

Ese mismo 14 de septiembre, el exministro firmó una resolución adicional declarando la urgencia manifiesta, una figura que habilitaría la contratación directa, sin licitación, bajo el argumento de un riesgo inminente para la prestación del servicio. Para la Fiscalía, esta decisión buscó habilitar la asignación directa del contrato, omitiendo la participación de otros posibles oferentes.

Implicaciones señaladas por la Fiscalía

La Fiscalía concluyó que, con estas actuaciones sucesivas, Leyva Durán habría puesto en riesgo la continuidad del servicio de expedición de pasaportes, afectando el derecho fundamental de los ciudadanos a entrar y salir del país. Añadió que, pese a tener la oportunidad de corregir los errores identificados en el proceso licitatorio, el exministro ratificó decisiones que podían comprometer la legalidad y transparencia de la contratación estatal.

El caso avanza ahora a la siguiente fase procesal, en la que la defensa de Leyva podrá controvertir las pruebas y argumentos presentados por el ente acusador.