Fiscalía cita a audiencia a concejales por fallido proceso de elección de Contralor

Andrés Escobar y Daniella Plaza deberán comparecer ante la justicia el próximo 4 de agosto. La Fiscalía investiga presuntas irregularidades tras dejar sin efecto el proceso de elección cuando este, según entes de control, podía finalizarse sin impedimentos.

La crisis que atraviesa el Concejo de Santiago de Cali por la elección del Contralor Distrital para el periodo 2026–2029 ha alcanzado una dimensión penal. Los concejales Andrés Escobar y Daniella Plaza han sido citados a una audiencia de formulación, imputación y medida de aseguramiento, programada para el martes 4 de agosto de 2026 a las 8:45 a.m.

La Fiscalía General de la Nación busca determinar la responsabilidad de ambos cabildantes, quienes, en su calidad de integrantes de la Mesa Directiva de la corporación, habrían tomado la decisión de dejar sin efecto la elección del contralor. Según los indicios de la Fiscalía, dicha determinación se tomó a pesar de que el proceso contaba con todas las condiciones para culminar exitosamente, al no existir impedimentos legales de peso que justificaran su suspensión o anulación.

Este proceso de elección ha estado marcado por la controversia. A pesar de existir una terna oficialmente conformada, el Concejo de Cali no avanzó en las etapas finales de entrevistas y votación, argumentando supuestos riesgos jurídicos tras advertencias de la Procuraduría. No obstante, dicho ente de control ya se había pronunciado previamente, ratificando que el Concejo cuenta con plena autonomía para culminar la elección, desvirtuando las interpretaciones que derivaron en la paralización del proceso en meses anteriores.

La situación ha escalado incluso hasta el Congreso de la República. El Representante a la Cámara, Hernando González, denunció recientemente “maniobras oscuras” y un posible detrimento patrimonial, señalando que la intención de la Mesa Directiva de “subsanar” el proceso actual constituiría un desacato a órdenes judiciales y una extralimitación de funciones al intentar revocar una terna vigente que goza de legalidad.

Esta noticia llega en un momento crítico para la corporación, que acaba de instalar su periodo de sesiones ordinarias de junio, en el cual deben debatirse temas fundamentales para la ciudad, como la reforma al POT, el estatuto tributario y la aprobación de vigencias futuras para el transporte masivo.

La investigación penal se suma a las tensiones institucionales que persisten tras diversos autos del Consejo de Estado, los cuales han conminado al Concejo a abstenerse de dilaciones injustificadas y a culminar el proceso de elección bajo los parámetros establecidos originalmente, advirtiendo sobre posibles sanciones por desacato.