Estallan graves denuncias por acoso sexual y "esclavitud moderna" en Tuluá

Por William Loaiza Amador Corresponsal de Derechos Laborales y Género

TULUÁ, Colombia — Lo que comenzó como un murmullo en los pasillos de las empresas locales ha escalado hasta convertirse en un escándalo de proporciones regionales. Una investigación revelada por el periodista Carlos Arturo García Martínez, a través de su plataforma Bocha Noticias, ha puesto al descubierto un patrón sistemático de abusos en Tuluá, donde directivos y gerentes estarían transformando los puestos de trabajo en feudos personales de acoso sexual y servidumbre doméstica.

Las denuncias, que encuentran un eco nacional tras casos similares en grandes cadenas de medios, dibujan un panorama de "esclavitud moderna" en el que la estabilidad económica de las trabajadoras se negocia bajo coacción.

El chantaje sexual como requisito de permanencia

De acuerdo con los testimonios recopilados por García Martínez —veterano locutor y actual figura de Mundo 89—, diversas mujeres en establecimientos de Tuluá enfrentan un dilema devastador: acceder a favores sexuales o enfrentar el despido.

La investigación detalla que aquellas empleadas que rechazan las propuestas indebidas son sometidas a un régimen de persecución laboral. "Se fabricaban quejas falsas y se recurría a gritos y malos tratos para justificar despidos injustos, castigando la integridad de quienes decidían poner límites", señala el reporte de Bocha Noticias.

Desnaturalización del contrato: "Mensajeros de lo personal"

El abuso en Tuluá parece haber borrado las fronteras entre lo corporativo y lo privado. Trabajadores de distintas áreas reportan ser obligados a realizar tareas que nada tienen que ver con sus funciones contractuales, sirviendo como asistentes domésticos de sus jefes durante la jornada laboral:

• Mantenimiento privado: Lavado de vehículos personales y reparaciones en las viviendas de los directivos.

• Gestión de hogar: Pago de facturas de servicios públicos personales de los jefes y aseo en propiedades privadas ajenas a la empresa.

• Cuidado de mascotas: Pasear animales de compañía como parte de las obligaciones impuestas.

El "Veto": La muerte civil profesional

Quizás el punto más alarmante de la denuncia es la existencia de presuntas "listas negras". Según las víctimas, una vez que logran salir de estas empresas, los directivos se encargan de destruir su reputación en el mercado local. Mediante referencias negativas falsas, se asegura que las víctimas no consigan nuevas oportunidades de empleo en la región, cerrando un círculo de control que persigue al trabajador incluso después de la renuncia o el despido.

Un clamor por la intervención estatal

La gravedad de los relatos ha movilizado a los gremios y a la comunidad tulueña, que hoy exigen una intervención de oficio por parte del Ministerio del Trabajo y la Personería Municipal. El temor a las represalias ha mantenido a muchas víctimas en el silencio, por lo que se solicitan garantías reales de protección y anonimato para formalizar los procesos judiciales.

Hasta el momento, la investigación mantiene bajo reserva los nombres de las compañías implicadas, pero advierte que el malestar social es creciente. En una ciudad que busca dejar atrás estigmas de violencia, la justicia laboral se presenta como el próximo gran examen para las instituciones del Valle del Cauca.