¿EMCALI LA JOYA DE LA CORONA?

Por Alicia Osorio González

Ex procuradora del Valle - Veedora Pública

Considerada la Joya de la Corona de la Administración caleña y por ende la mas valiosa propiedad de los caleños, hoy tristemente debemos reconocer que ya no es joya de ninguna corona y que hace muchos años no nos pertenece. 

Aunque tenemos claro que además de la corrupción que ya existía solo nos enteramos de su gravedad a partir de la construcción de la PTAR. Vinieron otros negociados como la venta de Termoemcali, cuando ya habíamos pagado su leonino valor, el cable submarino etc., etc.  

De frente y descaradamente EMCALI dejo de ser nuestra y en la práctica paso a ser propiedad de unos avivatos delincuentes que vieron en la empresa como generadora de oportunidades para conseguir dinero, para lo cual simplemente se requería amangualarse.

Así vimos como el poder en manos de alcaldes, funcionarios de las entidades de la administración requeridas para cada caso, gerentes de Emcali y personal de todos los niveles de la Empresa conjuntamente con “los siempre listos” concejales y empresarios del sector privado y según se dice, con la anuencia de los Sindicatos, ciegos, sordos y mudos, llevo a la Empresa hasta donde se encuentra: Es una muy difícil situación en todos los órdenes, tanto en la prestación de los servicios públicos como en la administración a la cual han llegado recomendados de políticos que igualmente se sienten dueños de la empresa e intocables y lo peor sin idea de la razón de ser  EMCALI, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la Ley.

Nos dice la Contraloría de Cali bajo la dirección del Contralor Pedro Antonio Ordoñez que en las investigaciones que se  han adelantado se encontró un detrimento patrimonial de más de 43 mil 268 millones millones de pesos en EMCALI tras la realización de una Auditoria en la Gestión de Cartera de la Entidad.

Por supuesto que la escandalosa cifra debe ser mayor, pues en EMCALI la corrupción ha permeado la entidad a nivel general. No olvidemos que son varios los servicios públicos los que presta y en todos hay contratación y otras actividades. Tan cierto es lo anterior que la Contraloría General de la Republica ha gestionado 52 procesos de  responsabilidad fiscal e indagaciones preliminares por $134.000 mil millones de pesos, congelando los bienes de los presuntos responsables fiscales, con medidas cautelares por $778.883 millones para asegurar la recuperación de los recursos públicos.

¿Y quiénes son los presuntos responsables fiscales? Según la CGR son un exalcalde, exgerentes, supervisores de contratos, interventores y exsecretarios de distintas áreas como seguridad, justicia y deporte, además de representantes legales de empresas contratistas. 

Aunque todos son NN porque la CGR no los identifica por sus nombres, ha sido tan notorio el actuar de estos personajes que así no se nos digan quienes son los depredadores de nuestros recursos no es difícil ubicarlos. 

Solo habla de un exalcalde y para que la investigación no se encuentre prescrita debe ser un alcalde de hace menos de 5 años. Con este punto de partida los demás pueden ser fácilmente identificados.

Las cifras del saqueo son escandalosas, así que la comunidad exige que a las investigaciones se les de la prioridad que ameritan a fin de que los responsables que es necesario que sean identificados comparezcan ante la justicia penal. Lo ideal seria que los Organismos de Control Fiscal, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contaduría General de la Nación, conformaran un equipo especializado para adelantar las investigaciones y quedar todos enterados al mismo tiempo de los resultados de las mismas para tomar las medidas pertinentes que les correspondan y evitar así una mora que favorezca a los corruptos y que la corrupción continúe porque “aquí no paso nada.”

ENTRE TANTO 1: Muy acucioso el concejal Roberto Ortiz nos informa que el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle anuló 13 decretos expedidos por el alcalde Alejandro Eder. Desconozco los decretos y los fundamentos del Tribunal para tomar esa decisión, no se si fueron demandados o si la Gobernación del Valle al hacer el correspondiente control de legalidad encontró que no se ajustaban a derecho y los remitió al Tribunal para su análisis y decisión.

Lo que sí es cierto es el calvario que están viviendo muchos ciudadanos caleños con el cobro de las Megaobras, asunto cuya solución esta en manos del Concejo que sigue tan campante como siempre, sin ocultar su indiferencia por los asuntos que atañen a la comunidad en este caso concreto.

Por solicitud de muchos ciudadanos, que no cancelaron las mega obras, entre los cuales me incluyo, si bien yo instaure la acción judicial, he enviado al Dr. Doctor Carlos Andrés Arias Presidente del Concejo de Santiago de Cali un DERECHO DE PETICION en el que le solcito que obedeciendo a lo dispuesto en  la Ley 136 de 1994:“ARTÍCULO 32. FUNCIONES Y DEBERES DE LOS CONCEJALES,  de la Ley 136 de 1994 que  señala:

 “ARTÍCULO 32. ATRIBUCIONES. < Artículo modificado por el Artículo 18 de la Ley 1551 de 2012.> Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes.

………

6. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con la ley.

Las mismas atribuciones que han quedado establecidas en la Ley 388 de 1997 y en la Ley 1551 DE 2012, disposiciones según las cuales los concejales pueden proceder de oficio o a Petición de la Administración del Municipio de Cali a eliminar este odioso gravamen que les impusieron injustamente a los caleños aprobado por Acuerdo 241 del año 2008, con un proyecto mal concebido y mal estructurado sin tener en cuenta la situación económica de los contribuyentes y que no se trataba de megaobras.

La verificación de la perdida de ejecutoriedad de acuerdo 241 de 2008 esta de bulto así que no requiere mayores esfuerzos ni tramites y por supuesto su eliminación debe efectuarse a la mayor brevedad para no continuar perjudicando a los afectados. Establece el Consejo de Estado que esa decisión no tiene efectos a futuro pero que no quedan exentos los producidos antes de la misma. 

Así señores Concejales que Roberto Ortiz esta siendo profético, pues lo que vaticina que podría sucederle al Alcalde Alejandro Eder por la expedición de los decretos de marras, que  no es el caso de las megaobras ya que no le aplica pues no puede actuar sin autorización del Concejo, bien podría ocurrirles a Uds. por su morosidad en la toma de la decisión y quedar incurso en faltas penales y disciplinarias y fiscales por presunto prevaricato, si así lo determina la justicia.