El Gobierno prepara una regularización extraordinaria de migrantes en España

La reforma del Reglamento de Extranjería permitiría documentar a quienes acrediten al menos cinco meses de residencia en el país antes de finalizar 2025

El Gobierno español se dispone a aprobar este martes una reforma clave del Reglamento de Extranjería que abriría la puerta a una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular. La medida, que será analizada en el Consejo de Ministros, permitiría acceder a permisos de residencia a quienes acrediten al menos cinco meses de estancia continuada en España.

La información fue revelada inicialmente por el periodista Nicolás Castellano en la Cadena SER y confirmada posteriormente por fuentes del Ejecutivo. Según dichas versiones, la reforma beneficiaría a quienes puedan demostrar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025, mediante documentos como empadronamiento, informes médicos, contratos de servicios o comprobantes de envío de remesas.

El texto ha sido tramitado por la vía de urgencia tras su revisión en la comisión de subsecretarios y, a esta hora, se encuentra en fase de consultas con distintos grupos políticos. Entre ellos figura Podemos, formación que ha impulsado la iniciativa bajo la consigna “Regularización son derechos”.

Un acuerdo político de amplio alcance

En un acto institucional reciente, la eurodiputada y exministra de Igualdad Irene Montero anunció que su partido y el Partido Socialista Obrero Español alcanzaron un acuerdo para avanzar en la documentación de cerca de medio millón de personas migrantes.

Según explicó Montero, la regularización extraordinaria permitiría que “todas las personas que se encontraban en España antes del cierre de 2025” puedan acceder a papeles si acreditan su arraigo mediante pruebas verificables. La medida, subrayó, supone un cambio estructural en el enfoque migratorio del país.

Derechos humanos y mandato ciudadano

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sostienen que la reforma retoma el espíritu de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 firmas ciudadanas y aprobada en el Congreso con 310 votos favorables. Ese respaldo parlamentario desbloqueó un proceso que había permanecido estancado durante meses.

Para el Ministerio, la regularización refuerza “un modelo de política migratoria basado en los derechos humanos, la integración y la convivencia”, y es compatible —afirman— con el crecimiento económico y la cohesión social del país.

Un precedente reiterado en la democracia española

La propuesta se inscribe en una tradición política que ha acompañado a la mayoría de los gobiernos democráticos en España. Salvo durante el mandato de Mariano Rajoy, todos los ejecutivos han impulsado procesos extraordinarios de regularización, tanto bajo gobiernos socialistas como conservadores.

El abogado experto José Luis Rodríguez Candela recuerda que incluso antes de la Constitución de 1978, en 1974, se aprobó un decreto que permitió regularizar a unas 11.000 personas. Ya bajo la Ley de Extranjería de 1985, entre 1986 y 2004, más de 1,1 millones de extranjeros accedieron a permisos de residencia.

Entre los hitos más relevantes se destacan:

• 1986 – Gobierno de Felipe González: primera regularización colectiva (38.181 personas).

• 1991 – Gobierno de González: proceso denominado formalmente “regularización” (109.137 beneficiarios).

• 1996, 2000 y 2001 – Gobierno de José María Aznar: tres procesos que documentaron a más de 400.000 personas.

• 2005 – Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: el mayor proceso de “normalización”, con 572.961 beneficiarios y la consolidación de la figura del arraigo.

Durante la pandemia, diversos colectivos reclamaron una regularización similar a las adoptadas por Portugal o Italia, pero el Gobierno de Pedro Sánchez descartó entonces esa posibilidad. Con esta reforma, el Ejecutivo busca ahora responder a una demanda social largamente postergada y redefinir el marco de inclusión de la población migrante en España.