El despertar de la dignidad

Por Luis Antonio Ávila Barbosa

Difícilmente pudo imaginar Álvaro Uribe Vélez, cuando impulsó como promotor y coautor la Ley 7 de 1992 —que amplió los beneficios de reintegración iniciados por Virgilio Barco— que aquella arquitectura jurídica terminaría abriendo, sin proponérselo, el camino al cambio político que hoy tanto rechaza. Mucho menos pudo prever que Gustavo Petro, su contradictor más persistente, sería quien expusiera ante el país los vínculos corrosivos entre el paramilitarismo y el Congreso, enviando a prisión a cerca de sesenta legisladores y rompiendo el pacto de silencio que sostuvo durante años a la parapolítica.

Desde entonces, Petro consolidó una imagen que sus adversarios nunca lograron desmontar en el debate de fondo: tenacidad, coherencia y capacidad de confrontación política. Incapaces de derrotarlo con argumentos, optaron por la descalificación, el señalamiento y la estrategia del miedo. Alimentaron una polarización calculada que, paradójicamente, terminó acelerando su llegada al poder.

Durante años advirtieron que Colombia se convertiría en otra Venezuela o Cuba, que habría expropiaciones masivas, un dólar disparado, cierre de medios y una dictadura inminente. Nada de eso ocurrió. En lugar del colapso anunciado, el país inició —con tensiones y resistencias— un proceso de ruptura con la desigualdad estructural.

Hoy, a pocos meses de concluir su mandato, la oposición enfrenta el desgaste de sus propias profecías fallidas. Se han recuperado derechos laborales, se ha avanzado en la titulación y entrega de tierras a campesinos, y se ha fortalecido la producción agrícola con impacto directo en el costo de los alimentos. En el plano económico, los indicadores muestran una inflación que cayó del 13,2 % al 5,2 %, un dólar estabilizado alrededor de los $3.800 y utilidades históricas reportadas por sectores empresariales y financieros. Incluso, evaluaciones internacionales han ubicado a Colombia entre las economías con mejor desempeño reciente dentro de la OCDE.

Todo ello se produjo en medio de un cerco político constante: un Congreso dedicado a bloquear las reformas estructurales y unas altas cortes preocupadas por preservar privilegios históricos. Detrás de ese bloqueo persisten las mismas maquinarias para las cuales la política pública es, ante todo, un mecanismo de extracción y cuya voracidad las llevó, en el pasado, a pactar incluso con la ilegalidad para no perder el control del poder.

Sin embargo, más allá de balances sectoriales y cifras macroeconómicas, hay un resultado que no aparece en los informes técnicos y que explica la intensidad del rechazo que despierta este gobierno: el despertar de la dignidad política. Un sector amplio de la sociedad se reconoce hoy en un presidente que no se subordina, que habla con franqueza frente al poder global y que no negocia su discurso a cambio de aplausos diplomáticos.

Las sanciones simbólicas —la cancelación de una visa, la inclusión en listas restrictivas— han sido leídas por muchos no como castigos, sino como emblemas de coherencia y ruptura con una tradición de sumisión histórica. El gobierno de Gustavo Petro dejará decisiones debatibles, otras discutibles y varias claramente positivas. Pero su legado principal no será administrativo.

Lo que este ciclo político ha sembrado es algo más difícil de revertir: la conciencia de dignidad en amplios sectores del pueblo. Y cuando una sociedad recupera la dignidad, ya no hay miedo que la devuelva al silencio ni mentira que la regrese a la obediencia automática.

Ese es el verdadero cambio que el viejo poder no perdona.Y también el que no podrá deshacer.

A los lectores, un sereno y consciente 2026.