Difícilmente pudo imaginar Álvaro Uribe Vélez, cuando impulsó como promotor y coautor la Ley 7 de 1992 —que amplió los beneficios de reintegración iniciados por Virgilio Barco— que aquella arquitectura jurídica terminaría abriendo, sin proponérselo, el camino al cambio político que hoy tanto rechaza. Mucho menos pudo prever que Gustavo Petro, su contradictor más persistente, sería quien expusiera ante el país los vínculos corrosivos entre el paramilitarismo y el Congr
