Por. William Ivan Mejia Torres –
Abogado – economista, PhD(c) en Derecho,
Magister en Derecho Económico. Docente Universitario y consultor.
Actualmente se está discutiendo el Presupuesto General de la Nación -PNG para el año 2025, está proyectado en 523 billones de pesos. Según Ricardo Bonilla, Ministro de Hacienda, se tienen garantizados 511, los restantes 12 billones de ese presupuesto dependen del trámite de una reforma tributaria (Ley de financiamiento) para el próximo año.
El gobierno gastará esos 523 billones, de acuerdo con la siguiente distribución: 328 billones en funcionamiento, 112.6 en servicio de deuda (pago de intereses y créditos del Estado) y 82.5 en inversión. Sin embargo, la Nación solo cuenta estos ingresos: 305.8 billones por ingresos corrientes (lo que recauda por impuestos), 155.8 en recursos de capital (créditos aprobados al Estado, transferencias internacionales y excedentes; dineros que no se comprometieron en 2024), 27,3 de los establecimientos públicos (empresas industriales y servicios del Estado que aportan sus “utilidades” al PGN) y 18.1 de los fondos especiales (se comportan similar a las empresas industriales y por servicios del Estado). Las cifras que mostró el ministro Bonilla al Congreso evidencian una imprecisión, que no creo se deba a una aproximación numérica, pues esos números dan un total de 507 billones que estarían “garantizados”. Por lo tanto, la reforma tributaria tendría que financiar no 12, sino 16 billones de pesos.
Respecto de la ley de financiamiento (reforma tributaria) que propone el gobierno para completar el presupuesto del 2025; voces calificadas se han pronunciado frente a la inconveniencia y falta de ambiente para su tramite en el Congreso, pues la carga tributaria actual se encuentra en límites históricos. En esa línea, congresistas de distintos sectores políticos, la ven inconveniente y más aún, ven inconveniente aprobar el Presupuesto de la Nación en esas condiciones.
Una crítica que le he realizado de forma reiterativa al Gobierno Nacional tiene que ver con el énfasis en el ahorro, la austeridad en el gasto y eventualmente la contracción de entidades del Estado en la que hay duplicidad de funciones, mínima ejecución o casi inexistente. Gastos que no se justifican y van en contravía de los principios de economía y eficiencia que orientan a la función pública (las tareas que realizan todas las entidades para procurar el bienestar general de las personas). Debe procurar disminuir los gastos asociados al funcionamiento que incrementará un 6,2% comparado con el 2024. Facultad en cabeza del presidente, para modificar las plantas de personal de las entidades del orden nacional, conservar a los funcionarios en carrera administrativa y fortalecerla.
Decían las abuelas “cuando se saca y no se hecha, pronto se acaba la cosecha” en el caso de los tributos la sociedad colombiana está al limite de sus capacidades, el ahorro de los hogares está en su mínima expresión, el consumo de los hogares rezagado, la inflación, aunque cediendo, sigue alta, el empleo ha incrementado levemente, la informalidad económica en niveles históricos.
El contrabando le costó al país en el 2023 alrededor de 35 billones de pesos, el equivalente a tres reformas tributarias; la corrupción 17.9 billones. ¿Será que el país debe apostarle a grabar más a los hogares y empresas o enfocar sus esfuerzos en el ahorro, potenciar sus capacidades para combatir el contrabando y la corrupción? En mi opinión estimados lectores, las capacidades del Estado deben enfocarse en las últimas y no en las primeras. Por eso pregunto: ¿el ahorro pa cuándo? Tener el “chorro” abierto no lo incentiva. Recortar el presupuesto nos obliga a optimizarlo, estamos en manos del Congreso para que la sensatez, racionalidad y objetividad induzca esos valores que parece el Gobierno Nacional ha olvidado o no práctica.
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