El tema de la semaforización inteligente sigue siendo motivo de controversia en Cali, y detrás de la aparente tranquilidad de la administración actual y la arrogancia del ex alcalde Ospina en redes sociales, se esconde un asunto que ha pasado desapercibido para muchos: el contrato del Centro de Diagnóstico Automotor (CDAV).
Este contrato, firmado por la administración Ospina justo antes de finalizar su mandato, ha generado cuestionamientos por su falta de claridad y los magros beneficios que brinda al municipio. Según fuentes internas, el CDAV recauda alrededor de 90 mil millones de pesos, pero el municipio solo recibe una ínfima parte, aproximadamente 16 mil millones. Esta disparidad entre ingresos y retornos representa un desangre significativo para las arcas municipales.
Lo más inquietante es que se rumora que los accionistas detrás de este lucrativo negocio permanecen en la sombra, sin una identificación clara, pero han estado involucrados durante un período considerable recibiendo los beneficios de este. Este contrato guarda un sorprendente parecido con el que en su momento firmó Apolinar Salcedo, lo que le causó la destitución de su cargo. Sin embargo, a diferencia del contrato de recaudo de impuestos, este ha sido objeto de varias prórrogas sin generar el mismo nivel de cuestionamiento. Estas revelaciones arrojan luz sobre las razones detrás del silencio tanto del actual alcalde como del sheriff Hadad con respecto al tema de la semaforización. Parece ser que los intereses personales y las relaciones están desempeñando un papel determinante en la gestión de los asuntos públicos. En términos barriales: Es hacerse pasito y todos felices.
Este escenario plantea interrogantes sobre la naturaleza de la corrupción y cómo se practica según la conveniencia de quienes detentan el poder. En un contexto donde los beneficios privados parecen prevalecer sobre el bienestar público, es necesario que se tomen medidas para recuperar el control de los negocios tercerizados, incluyendo a EMCALI.
Se ha revelado que en EMCALI hay una serie de contratos que, según informes, están desangrando las finanzas municipales y, por extensión, los bolsillos de los caleños. Es hora de poner fin a esta práctica y trabajar hacia la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
En un momento en que la confianza en las instituciones está en entredicho, es responsabilidad de las autoridades locales actuar con integridad y tomar medidas concretas para proteger los intereses de la comunidad. La ciudadanía de Cali merece una gestión transparente y ética que ponga sus necesidades por encima de los intereses privados.
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