Denuncian a Procurador Delegado por Presionar y Frenar Elección del ContralorDistrital

Una grave denuncia sacude el panorama institucional de Cali, poniendo en

entredicho la transparencia y autonomía de la elección del próximo Contralor

Distrital para el periodo 2026–2029. El abogado Eduardo Castillo González ha

interpuesto una denuncia penal contra Samuel Benjamín Arrieta Buelvas,

Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública,

acusándolo de una presunta interferencia indebida y presión en el desarrollo del

concurso.

La denuncia advierte que el alto funcionario de la Procuraduría habría ejercido

acciones para obstaculizar o modificar el proceso que adelantaba el Concejo

Distrital, el cual se regía por la Constitución y la Ley 1904 de 2018.

Un concurso blindado y súbitamente presionado

El Concejo Distrital de Cali había puesto en marcha la convocatoria pública para la

elección del Contralor bajo estrictos parámetros de transparencia. Para asegurar

la pulcritud de las etapas, la corporación contrató a la Universidad Pedagógica y

Tecnológica de Colombia (UPTC) , una entidad de prestigio encargada de diseñar

las pruebas de conocimiento y acompañar cada fase del concurso.

Según el abogado Castillo González, el proceso se venía desarrollando de manera

ejemplar, emitiéndose oportunamente las resoluciones de apertura, los listados de

admitidos y los ajustes necesarios conforme al debido proceso.

"Pese al avance transparente del concurso, el Procurador Delegado Samuel

Benjamín Arrieta Buelvas habría ejercido presiones o intervenciones irregulares",

sostiene Castillo en su denuncia.

La naturaleza de las supuestas presionas es el eje central de la controversia. De

confirmarse las acusaciones, la intervención del funcionario de control podría

significar una grave violación a la autonomía del Concejo y al espíritu mismo de la

Ley 1904, que busca despolitizar estos procesos de selección.

Las Implicaciones de un presunto prevaricato

La denuncia penal presentada por Eduardo Castillo apunta a que la conducta del

Procurador Delegado podría configurar el delito de prevaricato por acción, el cual

ocurre cuando un servidor público actúa en contra de la ley de manera directa.

Si se llegara a comprobar que un alto funcionario de la Procuraduría, entidad

encargada precisamente de la vigilancia preventiva y la moralidad pública, intentó

manipular o “frenar” un proceso de elección de Contralor —el vigilante de los

recursos públicos locales—, el impacto en la credibilidad institucional sería

devastador.

Golpe a la Transparencia: Se socavaría la confianza en el sistema de mérito

implementado a través de la UPTC.

Precedente Nocivo: Sentaría un grave precedente sobre la vulnerabilidad de los

procesos de elección de contralores ante presiones externas.

Actualmente, se espera que los organismos judiciales inicien la investigación

correspondiente para determinar la veracidad y el alcance de las acciones

atribuidas al Procurador Delegado. La comunidad caleña y la opinión pública

nacional estarán atentas a este caso, pues la elección correcta y autónoma de la

Contraloría es vital para asegurar una gestión pública honesta y fiscalizada en la

capital del Valle.