De la Revolución de los Comuneros a la rebelión de los gobernadores

Por Diego Rojas Girón

La historia colombiana ofrece paralelos que, aunque separados por siglos, dialogan entre sí con sorprendente claridad. En 1781, la Revolución de los Comuneros sacudió al Virreinato de la Nueva Granada como respuesta al aumento de impuestos y a reformas fiscales percibidas como abusivas. Liderazgos como los de Juan Francisco Berbeo y José Antonio Galán canalizaron el descontento popular que culminó en las Capitulaciones de Zipaquirá, negociadas con el arzobispo Antonio Caballero y Góngora. Las promesas allí pactadas nunca se cumplieron y Galán terminó ejecutado, símbolo trágico de una rebelión traicionada.

Más de dos siglos después, el país presencia una insurrección de naturaleza distinta, pero de raíz similar: el levantamiento político de los gobernadores frente al poder central. Esta vez, el detonante no es un virrey, sino el presidente Gustavo Petro, quien mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 declaró el Estado de Emergencia Económica y Social, con el propósito de recaudar $16,3 billones. La decisión, adoptada en plena vacancia judicial, fue interpretada por varios mandatarios regionales como un intento de eludir el control inmediato de la Corte Constitucional.

En desarrollo de esa emergencia, el Gobierno expidió el Decreto 1474 de 2025, que elevó del 5 % al 19 % el impuesto al consumo de licores, vinos, cigarrillos y tabaco. El impacto esperado —según los gobernadores— será un aumento de entre 30 % y 40 % en productos como el aguardiente, con el consecuente fortalecimiento del contrabando y la adulteración, fenómenos que ya erosionan gravemente las rentas departamentales.

La reacción no se hizo esperar. Reunidos en la Federación Nacional de Departamentos, los gobernadores acordaron presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto y promover tutelas individuales para proteger derechos fundamentales financiados con estas rentas, especialmente en salud y educación. Algunos departamentos, bajo el liderazgo político de Antioquia, incluso evalúan aplicar la excepción de inconstitucionalidad, amparados en el artículo 4 de la Constitución, que consagra su supremacía como “norma de normas”.

Para el Gobierno, esta postura representa una extralimitación. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha advertido que los gobernadores podrían estar usurpando funciones exclusivas de la Corte Constitucional, lo que abriría la puerta a eventuales investigaciones por prevaricato. El debate, sin embargo, es más complejo: ¿puede la excepción de inconstitucionalidad aplicarse frente a normas de carácter general?, ¿o solo procede en casos concretos con efectos inter partes?

El análisis jurídico está lejos de ser pacífico. Como recordó Hernando Herrera Mercado, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia y exconjuez de las altas cortes, el propio Gobierno ha recurrido en el pasado a esta figura, lo que debilita su autoridad moral para cuestionar su uso por otros funcionarios, según declaró a El Tiempo el 15 de enero de 2026.

Más allá de la técnica constitucional, el trasfondo es político y social. Para muchos ciudadanos, el aumento desproporcionado de impuestos a licores y cigarrillos representa la supresión de uno de los pocos espacios de alivio en medio del encarecimiento generalizado del costo de vida, agravado por el alza histórica de los combustibles: en Cali, el galón de gasolina corriente ya supera los $16.500.

Como en 1781, la tensión entre el centro y las regiones vuelve a marcar el pulso del país. La diferencia es que hoy la disputa no se libra con machetes ni proclamas insurgentes, sino en tribunales, decretos y resistencias administrativas. El desenlace, una vez más, definirá si el poder escucha a los territorios o si la historia se repite bajo nuevas formas.