¿CUÁL ES EL MIEDO?

Por Luis Antonio Ávila Barbosa

Hablar de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, propuesta por el presidente Gustavo Petro, es como mencionar la soga en la casa del ahorcado. La sola idea ha despertado en la oposición un sobresalto casi visceral, amplificado

por sus medios corporativos que la etiquetaron como un embeleco autoritario o un plan oculto para perpetuarse en el poder, cuando esa iniciativa sería para

radicarse ante el próximo Congreso el 20 de julio de 2026, lo cual derrumba la

narrativa reeleccionista con la que intentan sembrar miedo político.

La Constitución de 1991, llegó a sus 34 años en medio de tensiones

institucionales profundas. Lo que fue una estructura moderna para garantizar

derechos, participación y equilibrio entre poderes, hoy enfrenta retrocesos y

deformaciones que aparecieron en 55 reformas que han desfigurado buena parte

de su espíritu original.

Uno de los males más evidentes es la función electoral concedida a las altas

cortes. Ese poder terminó por convertirlas en una especie de nuevo Frente

Nacional judicial, donde la rotación del control político judicial es mínima y la

elección de magistrados alternativos es prácticamente imposible. En lugar de estar

dedicadas a impartir justicia y producir sentencias de alto impacto social, las cortes

terminaron atrapadas en la puja politiquera, burocrática y con cartel de la toga.

La columna vertebral del diseño institucional —el equilibrio de poderes— fue

quebrado espuriamente para permitir la reelección presidencial de Uribe y luego

de carambola la de Santos. La Constitución del 91 terminó así retrocediendo hacia

prácticas más propias de la Carta de 1886 que del proyecto pluralista que alguna

vez inspiró a los constituyentes. Por eso, discutir una Constituyente no debería ser

un tabú nacional. Colombia necesita revisar la arquitectura institucional que hoy se

muestra agotada para responder a una sociedad y a un país que han cambiado

profundamente.

La oposición insiste en el miedo porque teme perder privilegios. Les aterra una

Constituyente popular, deliberativa y moderna que vuelva a poner en el centro al

ciudadano y no a los barones ni gamonales políticos ni a los pactos de los

poderosos. Hoy la discusión no es si Petro se va o se queda, eso es una cortina

de humo. La verdadera pregunta es si Colombia seguirá soportando estructuras

institucionales que ya no funcionan, que bloquean la democratización del poder y

que chocan con las demandas sociales de justicia, equidad y participación.

La Constituyente no debe ser satanizada, debe ser debatida con rigor, sin miedos

infundados y sin gravosos intereses ocultos. Porque lo realmente peligroso no es

hablar de cambiar la Constitución, lo peligroso es resignarse a que nada cambie

para beneficio de una élite y en perjuicio del resto del país.