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Corrupción en la era del Cambio


William Mejia 

Abogado – economista, PhD(c) en Derecho, Magister en Derecho Económico.  Docente Universitario y consultor.

Era mi propósito referirme en esta columna al remezón que han sufrido las fuerzas armadas y policía en los últimos 23 meses, periodo en el que han dejado sus cargos más de 22 mil uniformados, es decir, piden la baja más de 30 efectivos por día. Una cifra que parece reflejar el desánimo de la tropa pues 22.388 de estos retiros fue por voluntad propia. No es un tema menor, pues es una contundente amenaza a la seguridad nacional.

Sin embargo, es oportuno virar hacia la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD. Pues aunque preocupante los retiros de las tropas, lo es más,  los más de 92 mil millones de pesos con los que al parecer el Gobierno Nacional transó a los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz  de las comisiones económicas, para aprobar  el cupo adicional de endeudamiento  por 17 billones de pesos.

La historia comenzó el 11 de diciembre de 2023  con la resolución 3202  en la que el Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla giró 700 mil millones de pesos a la UNGRD. Según los chat revelados por un medio de amplia circulación hace apenas unos días,  Sneider Pinilla da cuenta de una línea de tiempo en la que pretende explicar la relación entre funcionarios del alto Gobierno, El Ministerio de Hacienda y los congresistas, con el fin de lograr esa aprobación en el  congreso.   

El abogado Jaime Ramírez Cobo, enlace del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica- DAPRE con el Congreso, envió a Olmedo López la relación de contratos que debían ser priorizados: Cotorra en Córdoba  50 mil millones, drenado de las aguas lluvias; El salado en Bolívar 12.356 millones, estructuras de contención; Saravena en Arauca 30 mil millones, prevención de inundaciones sobre el rio Bojaba. Contratación en la que  según la investigación revelada tenía  especial interés el Ministro Bonilla, para lograr la aprobación de los créditos de la Nación, en el Congreso. A través de su asesora María Alejandra Benavides hizo seguimiento a las contrataciones. Los dolientes en cada municipio eran: Harry Bejarano Arroyo vinculado a la alcaldía de Cotorra, Camilo Días del proyecto en Saravena, Carlos Torres anterior alcalde del Salado.  

Finalmente, el pasado 11 de junio, 4 (los de letras rojas) de los seis congresistas señalados dieron el sí en la plenaria que aprobó los 17 Billones de pesos adicionales de endeudamiento para la nación, sin destinación específica y una comisión que apruebe los destinos que se le den a estos recursos.  Un riesgo que ya había advertido merece la atención de los colombianos.

Un detalle que pasó inadvertido por ahora, pero vale la pena poner la lupa en aquello, es la conversación entre Sneider Pinilla y el abogado Jaime Ramírez en la que hubo una confusión inicial frente al destino de los 700 mil millones de pesos. En aquel el entonces subdirector de la UNGRD le indica a Ramírez “Dr ese tema lo deben hablar con el Director” “él llamó al ministro Velasco a preguntar”. No olvidemos que el pasado mes de abril el propio Olmedo López señaló que  Luis Fernando Velasco tiene mucho que explicarle al país. Y como lo mencioné en mi última columna su reciente salida del ministerio puede obedecer a su relación aun no descubierta con el mayor escándalo de corrupción en la era del cambio.     


 

 

 

 

 

 

 

 

Por. William Iván Mejia Torres – 

Abogado – economista, PhD(c) en Derecho, Magister en Derecho Económico.  Docente Universitario y consultor.

 

Era mi propósito referirme en esta columna al remezón que han sufrido las fuerzas armadas y policía en los últimos 23 meses, periodo en el que han dejado sus cargos más de 22 mil uniformados, es decir, piden la baja más de 30 efectivos por día. Una cifra que parece reflejar el desánimo de la tropa pues 22.388 de estos retiros fue por voluntad propia. No es un tema menor, pues es una contundente amenaza a la seguridad nacional.

Sin embargo, es oportuno virar hacia la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD. Pues aunque preocupante los retiros de las tropas, lo es más,  los más de 92 mil millones de pesos con los que al parecer el Gobierno Nacional transó a los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz  de las comisiones económicas, para aprobar  el cupo adicional de endeudamiento  por 17 billones de pesos.

La historia comenzó el 11 de diciembre de 2023  con la resolución 3202  en la que el Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla giró 700 mil millones de pesos a la UNGRD. Según los chat revelados por un medio de amplia circulación hace apenas unos días,  Sneider Pinilla da cuenta de una línea de tiempo en la que pretende explicar la relación entre funcionarios del alto Gobierno, El Ministerio de Hacienda y los congresistas, con el fin de lograr esa aprobación en el  congreso.   

El abogado Jaime Ramírez Cobo, enlace del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica- DAPRE con el Congreso, envió a Olmedo López la relación de contratos que debían ser priorizados: Cotorra en Córdoba  50 mil millones, drenado de las aguas lluvias; El salado en Bolívar 12.356 millones, estructuras de contención; Saravena en Arauca 30 mil millones, prevención de inundaciones sobre el rio Bojaba. Contratación en la que  según la investigación revelada tenía  especial interés el Ministro Bonilla, para lograr la aprobación de los créditos de la Nación, en el Congreso. A través de su asesora María Alejandra Benavides hizo seguimiento a las contrataciones. Los dolientes en cada municipio eran: Harry Bejarano Arroyo vinculado a la alcaldía de Cotorra, Camilo Días del proyecto en Saravena, Carlos Torres anterior alcalde del Salado.  

Finalmente, el pasado 11 de junio, 4 (los de letras rojas) de los seis congresistas señalados dieron el sí en la plenaria que aprobó los 17 Billones de pesos adicionales de endeudamiento para la nación, sin destinación específica y una comisión que apruebe los destinos que se le den a estos recursos.  Un riesgo que ya había advertido merece la atención de los colombianos.

Un detalle que pasó inadvertido por ahora, pero vale la pena poner la lupa en aquello, es la conversación entre Sneider Pinilla y el abogado Jaime Ramírez en la que hubo una confusión inicial frente al destino de los 700 mil millones de pesos. En aquel el entonces subdirector de la UNGRD le indica a Ramírez “Dr ese tema lo deben hablar con el Director” “él llamó al ministro Velasco a preguntar”. No olvidemos que el pasado mes de abril el propio Olmedo López señaló que  Luis Fernando Velasco tiene mucho que explicarle al país. Y como lo mencioné en mi última columna su reciente salida del ministerio puede obedecer a su relación aun no descubierta con el mayor escándalo de corrupción en la era del cambio.     

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