Contraloría y Procuraduría ordenan empalme riguroso entre Gobierno saliente y entrante

Los organismos de control advierten que la omisión en la entrega de informes de gestión podrá derivar en investigaciones disciplinarias y fiscales para los funcionarios públicos.

SANTIAGO DE CALI, Colombia — Ante la proximidad de la transición presidencial, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación han expedido la Directiva Conjunta No. 001 de 2026, estableciendo una hoja de ruta obligatoria para garantizar un proceso de empalme transparente, técnico y oportuno entre el Gobierno saliente y la administración que asumirá el próximo 7 de agosto.

La directiva exhorta a los funcionarios salientes a entregar un Acta de Informe de Gestión exhaustiva, que contemple no solo el estado de los recursos financieros, humanos y administrativos, sino también el alcance de las obligaciones institucionales en curso. Esta entrega es un deber constitucional y legal que no admite excepciones.

Riesgo de duras sanciones penales y fiscales

Las entidades de control fueron enfáticas al advertir que el incumplimiento en la presentación de esta información no será tomado a la ligera.

Según los términos de la Ley 951 de 2005, si un servidor público se abstiene de realizar el debido reporte, podrá ser requerido de forma inmediata por su órgano de control interno y, de persistir la falta, enfrentará procesos disciplinarios ante la Procuraduría e investigaciones fiscales por parte de la Contraloría.

“El objetivo primordial es garantizar la continuidad de la gestión pública y evitar a toda costa la paralización de servicios esenciales para la ciudadanía”, señalaron taxativamente los entes de control en el documento.

Transparencia contractual y acceso a la opinión pública

Un punto crítico de la directiva es la exigencia de verificar la totalidad de los contratos registrados en la plataforma del SECOP. El Gobierno saliente deberá entregar a los delegados del mandatario electo un reporte detallado sobre:

• Contratos próximos a vencer.

• Procesos de selección y licitaciones en curso.

• Aquellos convenios que presenten controversias o presuntos incumplimientos administrativos.

Además, con el fin de promover el control social, la Contraloría y la Procuraduría ordenaron que los informes de empalme y sus respectivos documentos soporte sean publicados de manera abierta en los canales institucionales. Esto permitirá que la ciudadanía tenga pleno acceso a la información, salvo en los casos específicos de reserva legal previstos por la Ley de Transparencia.

Esta medida busca blindar de forma integral la transición institucional, asegurando que la nueva administración reciba un diagnóstico claro, auditable y verificable sobre los asuntos misionales, presupuestales y contractuales del Estado, evitando así vacíos de poder o interrupciones en la prestación de los servicios públicos esenciales.