Sin acuerdo entre gremios y sindicatos, la decisión queda en manos del gobierno

Las negociaciones para definir el aumento del salario mínimo en Colombia volvieron a cerrarse sin acuerdo. La Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales concluyó el primer plazo formal de diálogo sin lograr consenso entre trabajadores, empresarios y Gobierno, un escenario que, por tercer año consecutivo, deja en manos del Ejecutivo la decisión final mediante decreto presidencial.

Tras varias jornadas de discusión, las posiciones de las centrales obreras y los gremios empresariales se mantuvieron distantes, imposibilitando un acercamiento antes de la fecha límite. El desacuerdo refleja diferencias profundas sobre cómo debe ajustarse el salario mínimo en un contexto de inflación persistente, desaceleración económica y presión sobre el costo de vida.

La brecha de casi nueve puntos porcentuales

Las propuestas iniciales dejaron en evidencia la magnitud del desacuerdo. Las centrales sindicales, lideradas por la CUT, plantearon un incremento del 16%, argumentando que es necesario recuperar el poder adquisitivo perdido y avanzar hacia un salario mínimo vital que cubra las necesidades básicas de los trabajadores.

En contraste, el sector empresarial defendió un aumento cercano al 7,21%, una cifra que, según los gremios, se ajusta a la inflación causada (IPC) y a los indicadores de productividad. Desde esa orilla, el énfasis estuvo en evitar presiones inflacionarias adicionales y proteger la sostenibilidad financiera de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.

“La distancia entre ambas propuestas impidió cualquier acercamiento en esta primera etapa del proceso. Si no queda otra alternativa que fijar el aumento por decreto, lo haremos con un criterio de justicia y responsabilidad”, señaló el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, al cierre de la sesión.

Un desenlace que apunta al decreto

Aunque el marco legal permite jornadas extraordinarias de concertación, el panorama sugiere que el incremento del salario mínimo para 2026 será definido por el Gobierno Nacional. De acuerdo con la normativa vigente, el presidente Gustavo Petro tiene plazo hasta el 30 de diciembre para expedir el decreto que fijará el nuevo salario.

Durante las discusiones, sin que se presentara una cifra oficial, se mencionó de manera informal un aumento cercano al 11% como posible punto intermedio. Sin embargo, esa opción no logró traducirse en una propuesta concreta que acercara a las partes.

El debate se cruza además con otras medidas que el Gobierno ha puesto sobre la mesa, como la desindexación del salario mínimo para el cálculo de ciertos bienes y servicios —entre ellos la Vivienda de Interés Social— con el objetivo de evitar que el incremento salarial se traduzca automáticamente en mayores costos e inflación.

La decisión que adopte el Ejecutivo tendrá un impacto directo en el ingreso de millones de trabajadores formales y servirá como referencia para múltiples tarifas y contratos en la economía. Más allá del porcentaje final, el desenlace vuelve a poner en evidencia las dificultades estructurales del país para lograr consensos en torno al salario y el modelo de protección del poder adquisitivo.