Por. William Ivan Mejia Torres –
Abogado – economista, PhD(c) en Derecho, Magister en Derecho Económico. Docente Universitario y consultor.
El pasado 25 de agosto se cumplió un año de la reunión que sostuvo el alto gobierno con la industria del taxi, en la que se acordó; entre otras, una tarifa diferencial para la gasolina, que permitiera a los taxistas un ahorro de $3600 pesos diarios aproximadamente. En aquella reunión también se le explicaba al alto gobierno, cómo muchos de los conductores no tienen acceso a créditos en el sistema bancario, casa propia, e incluso; tienen dificultades para pagar la seguridad social.
La efeméride de la reunión permite recordar que semanas atrás el gremio de taxistas estaba anunciando un paro contra el gobierno, por los incrementos que mes a mes se estaban realizando a la gasolina. Industria que se ha visto afectada por el incremento desproporcionado, injustificado e Ilegal de actores que prestan sus servicios en motos y vehículos particulares, bajo la mirada indiferente de 3 gobiernos. Hecho que ha afectado sus ingresos, su estabilidad laboral y en algunos casos le ha significado la perdida de sus patrimonios.
A pesar de haber establecido el compromiso, solo una semana después el viceministro de transporte Carlos Eduardo Enríquez, indicó que no era viable una tarifa diferencial, e introdujo la idea de un bono de compensación para los conductores de taxi por 95 mil pesos mensuales aproximadamente. Supuestamente, el primer giro se realizaría el mes de septiembre del 2023. Sin embargo, pasaron los meses sin el anhelado giro, al que algunos opinadores llamaron el “bombón de trapo”.
En mayo de 2024 se anunció que el gobierno había creado un beneficio económico para taxistas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza que beneficiaría a 21 mil taxistas aproximadamente con 453 mil pesos por una única vez. Este beneficio solo llegaría al 10% de los conductores de taxi. Hasta la fecha no se ha girado el primer pago.
Las reflexiones a cerca de estos compromisos incumplidos por parte del gobierno nacional, nos llevan a concluir que el ministerio de transporte no tiene claras las particularidades de esta industria. En primer lugar, la inestabilidad de la vinculación de los conductores con el taxi. Los conductores reciben un vehículo en una especie de arrendamiento por la que pagan una cuota “diaria”. Son trabajadores independientes, que pueden estar un día trabajando con un taxi y al otro no. La mayoría cotizan la seguridad social, por ser un requisito legal, lo que supone anticipadamente, que tienen ingresos superiores o estables que no les permitiría clasificar como beneficiarios de aquel beneficio económico.
En síntesis, la industria del taxi hoy está sufriendo de pobreza oculta, pues deben reportar un pago a seguridad social que por ley debe estar en el mínimo, sin que necesariamente ese ingreso sea una realidad. El Sisbén no está actualizado a toda la población, pues diariamente ingresan o salen conductores de la industria. Casos como este (promesas incumplidas) son lo que permiten decir del Gobierno, que es mentiroso, se mueve en los ideales y no en las realidades. Más aún, no tiene la capacidad de resolver un problema socialmente importante y un año después, los taxistas siguen esperando. Al mismo problema se enfrentan hoy los transportadores de carga e intermunicipal que anunciaron las primeras protestas como consecuencia del alza del ACPM.
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