Por. William Ivan Mejia Torres – Abogado – economista, PhD(c) en Derecho, Magister en Derecho Económico. Docente Universitario y consultor.
Colombia es un país en “en desarrollo”. Tenemos por retos: superar la corrupción, la burocracia clientelar (clientelismo), formular políticas públicas sociales que disminuyan las brechas de desigualdad, fomentar la industria, el turismo, el empleo formal y disminuir la informalidad económica (tasa de ocupación) que ronda en el 60% a junio de 2024 según el informe del DANE.
En este contexto, el presidente Gustavo Petro ha sugerido la necesidad de cambiar el escudo de Colombia, realizar una constituyente y más recientemente las inversiones forzosas. Temas que ponen a hablar a los diferentes académicos, analistas, partidos políticos, gremios, medios de comunicación, tuiteros (ahora no sé cómo se llaman) y personas en general. Unos en favor y otros en contra de aquellas propuestas; ya sea por afinidad, militancia ideológica, o porque piensan diferente.
La pregunta que me asalta hoy es la siguiente: ¿de qué manera el cambio del Escudo de Colombia, la Constituyente o las Inversiones forzosas ayudan a superar los problemas económicos, sociales y estructurales del país?
Respecto del Escudo como símbolo patrio valdría la pena que cada uno se preguntara ¿tiene sentido meter al país en una discusión de ese tipo?, ¿tenemos tiempo para perder en esa banalidad (simpleza)? ¿Cuál sería el aporte material? En mi opinión, no hay aporte alguno a las soluciones que debemos construir como país. ¿Será que cambiar “ORDEN” por “ORDEN JUSTO” en realidad modificará el comportamiento de los corruptos, narcotraficantes o politiqueros que ordeñan a sus contratistas para renovarles sus contratos? En lo absoluto.
Lo mismo sucede con la Constituyente, una conversación aún más compleja, que pretende desconocer los avances obtenidos con la de 1991 y mete al país en un debate sin sentido, en vez de profundizar y materializar el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho.
Finalmente las inversiones forzosas, el último globo del presidente, implica para la sociedad colombiana asumir unos riesgos especiales. En primer lugar encarece el crédito de libre inversión que a la fecha está por encima de los 13 billones de pesos y permite a los colombianos comprar moto, carro, mejorar su negocio y en muchas oportunidades iniciarlo, desincentiva el ahorro, pues los bancos no tendrán razones para fomentar la captación de dineros del público y las tasas de intereses al ahorro disminuirán. Los sectores de la economía que se privilegien con las inversiones forzosas no necesariamente contarán con la capacidad de pago o endeudamiento que garanticen la seguridad del crédito, lo que implica un riesgo para sostenibilidad de la banca.
¿Podrá la intervención del Estado (vía ley del congreso) disminuir los estándares de precaución para la colocación de créditos?, ¿Nos pueden llevar a una crisis bancaria (quiebra de la banca) las inversiones forzosas? La respuesta para las dos preguntas es sí. ¿Qué pasaría si la banca colombiana se quiebra?.
Mientras tanto, vuelvo al punto ya reiterado en mis otras columnas, en que va el cumplimiento de las metas del plan de gobierno. O por ejemplo, la proyección de un presupuesto ajustado a la realidad y no como el que se propone nuevamente para el 2025 que desde ya está desfinanciado y depende de una reforma tributaria con la que se pretende grabar en 12 billones de pesos a los colombianos. Pero de ahorro en el gasto, como decían las abuelas “nanay cucas”.
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