Por: Héctor Alonso Moreno
El alcalde Alejandro Eder en los 8 meses trascurridos desde su posesión ha tratado de usurpar en varias ocasiones las funciones del Concejo Municipal. El primer episodio fue el tema de la renegociación de la deuda pública que la hizo a espaldas del recinto del cabildo municipal, en la cual pretendió, asaltando las facultades de la corporación, presuntamente favorecer a unos banqueros amigos otorgándoles unos acuerdos de extensión de la deuda con mayores tasas de interés en detrimento de las finanzas del municipio.
El segundo raponazo antidemocrático fue el también fracasado proyecto de acuerdo 016 de 2024, en el cual trato de pedir facultades para abrogarse el derecho de hacer ajustes y traslado presupuestales a su antojo por la bicoca de casi 2 billones de pesos; usurpando nuevamente funciones que le corresponden al Concejo Municipal, llevándose por delante sentencias tanto de la Corte Constitucional como del Tribunal Administrativo del Valle
Para fortuna de la democracia local los concejales en su inmensa mayoría le han puesto freno de mano a las intenciones del alcalde negándole esas ilegales facultades; y exigiendo el respeto a la autonomía e independencia del Concejo Municipal.
Las voces de rechazo y no aprobación a esta usurpación de funciones del alcalde por parte del Concejal Roberto Ortiz, el chontico, de los concejales del Pacto Histórico y de los Verdes, junto a otros concejales, han prendido la alarma de que en Cali se está viviendo una administración dictatorial que desecha, no solo la participación ciudadana, sino también, la separación de poderes como esencia de la democracia.
La democracia como forma de gobierno se caracteriza por el respeto de los derechos humanos y la separación de poderes, es por ello, que en el texto constitucional de 1991 que reglamenta el contrato social de nuestro país se tiene claramente definido el tema de las competencias, en nuestro caso, del ejecutivo municipal, y lo mismo, las competencias que le asisten a los Concejos Municipales.
Asumir competencias que no le corresponde a cualquiera de los poderes públicos, o abusar de las que se tiene, es atentar contra la esencia de la democracia, es un acto monárquico, arbitrario, contrario a derecho, es decir, es lo que se llama comúnmente un acto antidemocrático.
Un demócrata se caracteriza por ser respetuoso de las normas que jura defender; ello es lo que le da al ciudadano el carácter de virtuoso; es decir, que la virtud democrática, no es otra cosa, que el cumplimiento a cabalidad por parte del gobernante de los principios y de las normas que rigen nuestro ordenamiento jurídico.
La actitud antidemocracia del mandatario local también se manifiesta en el desprecio hacia el recurso humano profesional caleño que no fue tenido en cuenta para su gabinete. Ha llenado la administración central de intrigantes y cizañeros foráneos cundiboyacenses; de burócratas en desuso de Palmira, y uno que otro aventurero residente en Estados Unidos.
Parece que el alcalde cree que Cali es una parroquia o un villorrio de sus extensas tierras familiares; que nuestra educación universitaria es una extensión del colonialismo bogotano y que no forma profesionales idóneos sino inteligencias mediocres; cree que la ilustración nunca se puede posar al lado de ingenios azucareros.
No hay duda alguna que el gobierno de Alejandro Eder es antidemocrático y antipopular, así lo han expresado las más recientes encuestas en las cuales el alcalde perdió 14 puntos de favorabilidad en tan solo dos meses. Hoy día, Eder tiene una desaprobación de su gestión del 48%, la más baja de los alcaldes de las principales ciudades y solo lleva 8 meses.
Héctor Alonso Moreno
Politólogo
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