Por Carlos Arturo Oviedo
Asesor editorial Tu Razón del Valle
En el intrincado juego de la política, la economía siempre ha sido una pieza central. Las decisiones políticas, muchas veces motivadas por ideologías o intereses electorales, tienen un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos y en el desarrollo del país. En Colombia, esta dinámica se ha intensificado tras la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, cuya administración ha generado un debate sobre el equilibrio entre los subsidios, los impuestos y el crecimiento económico.
Desde hace años, Colombia ha vivido una polarización que, aunque no es nueva, se ha acentuado en el actual contexto político. En este escenario, la clase media, que históricamente ha sido el motor de la economía, parece estar atrapada en un juego de fuerzas entre los extremos. Por un lado, los sectores más ricos reciben exenciones fiscales con el argumento de que generan empleo y desarrollo. Por otro lado, los sectores más pobres son beneficiarios de subsidios que buscan aliviar la pobreza extrema.
Sin embargo, este enfoque ha dejado a la clase media en una situación difícil. A pesar de ser uno de los grupos que más contribuye en términos de impuestos, parece recibir muy poco a cambio. Las políticas económicas recientes han exacerbado esta percepción, especialmente en sectores clave como el de la construcción.
Uno de los sectores más afectados por las decisiones del gobierno ha sido el de la construcción, un pilar fundamental en la dinamización de la economía colombiana. La eliminación o reducción de subsidios para la clase media, bajo la premisa de redirigir esos recursos hacia los más necesitados, ha tenido un impacto negativo en este sector.
Muchos colombianos que no califican como pobres, pero que tampoco son parte de las élites económicas, dependían de estos subsidios para poder adquirir una vivienda. Al quedar fuera de estos beneficios, la demanda en el sector ha caído drásticamente. Según datos no confirmados, la construcción en el país ha disminuido en un 40%, una cifra alarmante que refleja la gravedad de la situación.
Este fenómeno no solo afecta a quienes aspiraban a comprar una vivienda, sino también a toda la cadena productiva asociada a la construcción. Desde los trabajadores hasta los proveedores de materiales, todos se ven perjudicados por una desaceleración en este sector clave.
El problema radica en que las decisiones económicas en Colombia están demasiado entrelazadas con la política. La contienda política se ha convertido en un campo de batalla ideológico donde, en muchas ocasiones, las decisiones se toman más en función de ganar o mantener poder que, de lo que realmente conviene al desarrollo económico del país.
Colombia, aunque posee grandes potencialidades, sigue siendo un país con una economía frágil. Tomar decisiones como si se tratara de una potencia económica puede tener consecuencias desastrosas. En lugar de implementar políticas que golpeen sectores fundamentales, es necesario buscar un equilibrio que permita aprovechar las fortalezas del país sin caer en extremismos ideológicos.
El desafío para el gobierno de Petro, y para cualquier administración futura, es lograr un equilibrio en la gestión económica. No se trata de eliminar los subsidios para los más pobres ni de mantener privilegios innecesarios para los más ricos, sino de crear un sistema donde todos los sectores de la sociedad puedan prosperar.
Esto requiere decisiones estratégicas que consideren el contexto global y las particularidades de la economía colombiana. Es imperativo que las políticas públicas se diseñen con una visión a largo plazo, donde el objetivo sea el crecimiento sostenible y equitativo, y no la satisfacción de intereses caprichosos de corto plazo.
La reactivación de la economía debe pasar por un enfoque integral que incluya a todos los actores: desde la clase media que impulsa el consumo y la inversión, hasta los sectores más vulnerables que necesitan un apoyo continuo. Solo así, Colombia podrá superar su actual fragilidad económica y construir un futuro más próspero para todos.
Jugar con la economía en el ámbito político puede tener graves consecuencias para un país como Colombia. Las decisiones deben tomarse con precaución, basadas en datos y análisis sólidos, y no en impulsos ideológicos o promesas electorales. La economía no es un juego, y su manejo responsable es esencial para asegurar el bienestar de todos los colombianos.
Carlos Arturo Oviedo
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