La Procuraduría General de la Nación en los dos meses de emergencia sanitaria por el covid-19 ha priorizado 2.562 actuaciones, de las cuales 1.563 corresponden a acciones preventivas dirigidas a evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos, hechos de corrupción o mal uso de los recursos públicos, en especial los destinados para ayudas humanitarias.
El órgano de control tramita 999 procesos disciplinarios, de los cuales en 512 se ha tomado una decisión procesal y en otros 487 se avanza en el estudio preliminar de los hechos. Para el pasado 24 de abril, la Procuraduría, como parte del programa ´Transparencia para la emergencia´, había iniciado 123 expedientes disciplinarios.
De los 512 procesos disciplinarios, 68 tienen relación con 26 gobernaciones. 53 están en indagación, 12 en investigación y 3 en juicio disciplinario.
Chocó es el departamento con más investigaciones, 3 en total. Vaupés con 7 y Magdalena y Nariño, cada uno con 5, son las administraciones departamentales con más indagaciones.
El 70% de estos procesos disciplinarios, 364 en total, corresponden a casos en 272 alcaldías del país. De estos 336 se encuentran en indagación preliminar, 20 en investigación y en 8 hay citación a juicio disciplinario o ya comenzó la audiencia de juzgamiento disciplinario, como ocurre con los alcaldes de Armenia, Quindío; Guaduas, Cundinamarca, y El Socorro, Santander.
Por regiones, en la Caribe se adelantan 106 procesos en 81 municipios, en la Pacífico 48 en 34 municipios, en la Andina 188 en 139 municipios, en la Orinoquía 17 procesos en 13 municipios, y en la Amazonía 5 procesos en 5 municipios.
Así mismo, se tramitan 80 procesos disciplinarios en 61 entidades, de los cuales 71 están en indagación, 8 en investigación y se formuló pliego de cargos contra el gerente del Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, José Agustín Ramírez Montoya.
De estos procesos, 29 corresponden a hospitales, 17 a entidades del orden nacional, 16 del orden territorial, 8 a concejos municipales, 6 a establecimientos penitenciarios y carcelarios, 3 a personerías y una comisaría.
Gobernadora del Valle del Cauca
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, y a la secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes Duque, por presuntos sobrecostos en el contrato para la compra de 400 mil tapabocas N95, 50 mil caretas de protección, 300 mil tapabocas 3 capas, 54 mil polainas desechables, 50 mil batas antifluido y 100 camas hospitalarias con la empresa Medical Pharmacy, por un valor de $15.132.829.976, para atender emergencia por la covid-19.
La investigación busca establecer presuntos sobrecostos e irregularidades en la celebración y ejecución del contrato, que fue adjudicado de manera directa tras la declaratoria de la urgencia manifiesta.
En un segundo proceso se investiga al secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca de la gobernación de Valle, Andrés Murillo, por presuntas irregularidades en el contrato de compraventa Nro. 1.340-59.9-3340, suscrito el 31 de marzo de 2020 con la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) Seccional Valle.
El órgano de control investiga la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con la ejecución del negocio jurídico y la metodología empleada por la secretaría para proveer ayudas alimentarias a la población vulnerable del departamento, afectada por emergencia generada por el covid-19.
Foto 6: Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca.
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