Por Diego Rojas Girón
Abogado constitucionalista
Cuando en medio de la pandemia del virus chino covid-19 examinamos diariamente el número de fallecidos en Colombia y en Cali y a la vez vemos las noticias judiciales nos encontramos que el fin de semana con confinamiento, ley seca y toque de queda la sangre siguió corriendo como ríos en nuestra urbe por muertes violentas que nadie para, e incluso ocasionadas por pandillas que se cree sería más fácil detectar para prevenir que el sicario solitario, la revista semana.com tituló “Enfrentamiento de pandillas en Cali deja a un bebé muerto”. “El menor de 18 meses de nacido fue impactado mientras jugaba en el jardín de su casa”; los hechos ocurrieron en un barrio de Aguablanca, en un sector de estrato social 1, pero igual días antes en plena Semana Santa los delincuentes en la noche ingresaron a una vivienda en el barrio El Caney, sur de la ciudad, estrato social 5 y asesinaron a una médica y a su padre. Es decir la competencia por matar se la disputan el covid-19 y el covid-9 mm (pistola de 9 milímetros).
Así como la criminalidad existe en todos los estratos sociales, igual en todas las sociedades de derecha o izquierda, capitalistas o socialistas; la diferencia es como enfrentarla pues tan pandemia en el coronavirus como la matazón a bala en toda parte.
Claro que hay que estructurar una política criminal y una jurisdicción penitenciaria dentro de la égida criminológica; en Cali y el Valle se habían sembrado por visionarios las bases al crear por ordenanza departamental el INSTITUTO DE CRIMINOLOGÍA, CIENCIAS PENALES Y PENITENCIARIAS, Ordenanza N° 143 del 19 de diciembre de 1960 de la Asamblea del Valle del Cauca. Posteriormente el Gobierno Departamental por Decreto Reglamentario 0303 de 30 de marzo de 1962 lo anexo a la Universidad Santiago de Cali donde funcionó bajo su respaldo logístico y económico pero sin ser un simple apéndice de posgrado, como posteriormente ha acontecido siendo absorbido y limitándose a lo académico sin proyección alguna ante la realidad social en lo criminal que nos agobia, craso error que me hace dirigir desde este escrito a los Diputados para que analicen la situación y el Instituto ojalá con apoyo del Ministerio de Justicia y educación y los Gobiernos Departamental y Municipal juegue un rol vital en la problemática criminal y penitenciaria en Colombia, o habrá que esperar que Antioquia o Bogotá lo creen como visionariamente repito se hizo en el Valle en 1960.
Tuve la oportunidad de ser su Director y conté con el apoyo incondicional del Rector de la Santiago de Cali, Doctor Ricardo Maya Correa; el Secretario General y hoy Congresista Jorge Eliecer Tamayo; el municipio de Cali, consciente de la importancia del organismo creado facilitó en comodato el inmueble donde funcionaba, era ideal al tratarse de una enorme casona en San Antonio donde hoy se encuentra un CALI.
Profesores destacados como los insignes maestros Armando Holguín Sarria, Ex constituyente; Edgar Saavedra Rojas, Ex Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia; el filólogo Marco Fidel Chávez; el filósofo y actual Rector de la Universidad del Valle Edgar Varela; el Metodólogo Lizardo Carvajal; Bernardo Echeverry Ossa, experto en derecho penitenciario; el maestro Javier Tafur que también dirigiera el Instituto; Adelina Abadía Secretaria General; Marco Antonio Macana, Investigador de tiempo completo; Jaime Patiño Santa, abogado y escritor.
Es hora Congresistas y Diputados que utilicemos la herramienta creada a mediados del siglo pasado y entendamos que la criminología es una disciplina autónoma dentro de las ciencias sociales; el Instituto hacía parte de la UNSDRI que es un directorio mundial de INSTITUTOS DE CRIMINOLOGÍA.
Señores Diputados apersónense del asunto
DIEGO ROJAS GIRÓN
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