En marzo se definirá la elección del contralor de Cali

Por Miguel Ángel Arango

La elección del próximo contralor general de Cali se ha convertido en uno de los asuntos institucionales más delicados que deberá enfrentar el Concejo Municipal en las sesiones ordinarias que comienzan el 1 de marzo, apenas una semana antes de las elecciones legislativas. El tema, atravesado por tensiones políticas y disputas jurídicas, parece destinado a resolverse solo después de que concluya el debate electoral nacional.

En paralelo, el proceso sigue su curso en los estrados judiciales. En cuestión de horas, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito deberá pronunciarse sobre una acción de cumplimiento presentada el pasado 5 de diciembre por la abogada Tatiana Vélez, quien actúa en representación de uno de los integrantes de la terna. A esto se suman dos acciones de tutela radicadas en otros despachos, cuyos fallos también se esperan en el corto plazo.

Pese a las presiones políticas para que el proceso sea suspendido y se abra una nueva convocatoria —desconociendo la terna vigente—, esa posibilidad parece cada vez más lejana. El 5 de diciembre, el Juzgado 21 Administrativo negó una demanda que buscaba anular la convocatoria abierta en julio, al concluir que la elección de contralor se rige por una normativa especial que no exige la publicación previa de un borrador, como sí ocurre en otros procedimientos administrativos bajo la Ley 1437.

Esa decisión, actualmente apelada ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, podría quedar en firme antes de que termine febrero. De confirmarse, cerraría uno de los principales flancos jurídicos del debate.

El argumento del borrador no publicado, sostenido por la anterior mesa directiva del Concejo como innecesario, había sido presentado como la objeción más sólida por parte del procurador delegado Samuel Arrieta. Su intervención contribuyó a enrarecer el ambiente político en el cabildo, hasta el punto de provocar una inédita parálisis institucional.

Catorce concejales dejaron de asistir a varias sesiones convocadas por el entonces presidente del Concejo, Édison Lucumí, en las que se debía cumplir un paso obligatorio del proceso: la entrevista en plenaria a los tres ternados —Diego Mauricio López Valencia, Gustavo Alberto Barrientos y Ligia Amanda Gallego—, quienes superaron las pruebas de conocimiento y presentaron hojas de vida sin objeciones de fondo.

El 27 de noviembre, solo siete concejales acudieron a la sesión, conformando un quórum deliberatorio, pero insuficiente para tomar decisiones. La escena se repitió en al menos tres convocatorias adicionales, lo que, según analistas jurídicos, evidenció un acuerdo político para romper el quórum y bloquear el avance del proceso.

Abogados especializados en derecho público han advertido que esta conducta podría dar lugar a investigaciones disciplinarias ante la Procuraduría, al considerar que los concejales habrían renunciado de facto a una de sus funciones constitucionales: la elección del contralor municipal.

Desde una perspectiva más amplia, la parálisis no parece obedecer a un vacío normativo sino a una maniobra política sin precedentes recientes en elecciones de contralores territoriales en Colombia. Comparaciones con procesos similares en otros municipios y departamentos indican que el procedimiento seguido en Cali se ajustó a derecho.

Algunos concejales han señalado públicamente que la administración local intentó influir en el proceso luego de que aspirantes cercanos al gobierno no superaran las pruebas de mérito. Bajo esa lectura, la única alternativa para asegurar un contralor afín habría sido desbaratar la convocatoria vigente y abrir una nueva, una decisión que podría implicar un detrimento patrimonial.

Marzo se perfila, así, como un mes de definiciones y tensiones. Mientras tanto, la Contraloría de Cali continuará bajo la dirección encargada de Luz Arianne Zúñiga, quien hasta el 31 de diciembre se desempeñó como subcontralora municipal, en medio de un clima político que pone a prueba la autonomía de los órganos de control y la solidez institucional del Concejo.