El aguardiente podría encarecerse hasta un 80 % por nuevo impuesto nacional

La Gobernación del Valle advierte que la botella pasaría de $42.000 a cerca de $75.000, en un escenario que amenaza las rentas para salud, educación y deporte y podría disparar el contrabando.

Una fuerte tensión fiscal se cierne sobre los departamentos productores de licores y sobre los consumidores en Colombia. La entrada en vigencia del Decreto 1474, expedido por el Gobierno Nacional, que eleva de forma sustancial el impuesto al consumo, ha encendido las alarmas en las regiones y provocado una respuesta frontal de la Gobernación del Valle del Cauca.

La gobernadora Dilian Francisca Toro advirtió que el nuevo esquema tributario tendría un impacto directo y severo tanto en el precio final del aguardiente como en la sostenibilidad de las rentas departamentales, que financian sectores estratégicos del gasto social.

Un incremento sin precedentes en el precio

Según los análisis técnicos de la Industria de Licores del Valle (ILV), el ajuste impositivo provocaría un salto abrupto en el valor del producto. Su gerente, José Moreno, explicó que una botella que hoy se comercializa entre $39.000 y $42.000 podría alcanzar precios de entre $68.000 y $75.000.

El aumento, cercano a los $30.000 por unidad, no solo afecta el bolsillo del consumidor, sino que —según la administración departamental— podría generar un efecto contrario al esperado en materia de recaudo.

El contrabando, la mayor amenaza

La principal preocupación del Gobierno del Valle es que el encarecimiento del producto legal incentive el mercado ilegal, debilitando las rentas cedidas que sostienen programas de salud, educación y deporte.

“Si se duplica el precio del aguardiente legal, inevitablemente se va a fortalecer el contrabando. Eso significaría menos recursos para garantizar derechos fundamentales”, advirtió la mandataria departamental.

El escenario es descrito como crítico para las licoreras oficiales del país, que ya enfrentan altos costos operativos, apertura de fronteras y una competencia creciente del mercado ilícito, factores que podrían comprometer su estabilidad financiera en el corto plazo.

Frente común de las licoreras oficiales

Ante el impacto proyectado, las empresas licoreras estatales han cerrado filas y expresado su respaldo a los gobernadores que analizan acciones jurídicas y constitucionales para frenar o modular los efectos del decreto.

Desde las regiones se insiste en que no se trata únicamente de una discusión tributaria, sino de una defensa de la autonomía fiscal territorial y de los recursos que sostienen buena parte de la inversión social en Colombia.

La Gobernación del Valle anunció que continuará evaluando las rutas legales disponibles, mientras el país se prepara para un cambio que podría modificar de manera sustancial los hábitos de consumo y el equilibrio financiero de los departamentos.