En los últimos años, hemos sido testigos de una tendencia preocupante en la gestión municipal, donde los alcaldes, una vez en el cargo, desvían su atención de las verdaderas necesidades de la ciudad hacia cálculos electorales y estrategias políticas. A pesar de las altas expectativas depositadas por los ciudadanos al inicio de sus mandatos, muchos alcaldes optan por priorizar sus intereses políticos personales en lugar de trabajar incansablemente por el bienestar de la comunidad que los eligió.
En este escenario, los contratos de prestación de servicios (PS) se convierten en una moneda de cambio en un juego político que sumerge a Cali en el estancamiento y la falta de gobernabilidad.
En los pasillos del CAM, circulan rumores inquietantes que sugieren que, a partir de mayo, se pondrá en marcha un plan para asegurar el respaldo al plan de desarrollo municipal, por parte del Concejo. Este plan incluiría la asignación de hasta 150 cargos a cada concejal en forma de contratos de prestación de servicios, como si se tratara de una piñata política.
Este presunto reparto de cargos se percibe más como una estrategia política perversa, que como una medida para el beneficio genuino de la ciudad. La práctica de distribuir cargos de esta manera cuestiona la integridad del proceso democrático y refleja lo más bajo del ejercicio de la gestión pública. Esta estrategia solo contribuye al estancamiento de Cali y la aleja cada vez más de detonar positivamente su potencial de crecimiento y desarrollo.
Otro aspecto preocupante es la práctica de traer secretarios y funcionarios de otras regiones con el fin de garantizar votos para futuras aspiraciones políticas. El desconocimiento de la dinámica política local por parte de estos funcionarios puede llevar a que aquellos interesados en temas electorales direccionen la gestión para su propio beneficio, aprovechándose de la situación para obtener los votos necesarios para acceder, en este caso, al Congreso de la República. Esta estrategia plantea interrogantes sobre las verdaderas intenciones y prioridades del alcalde. ¿Está realmente comprometido con el bienestar de la ciudad o estaría utilizando su cargo para asegurar su futuro político personal?
Es imperativo que como sociedad rechacemos enérgicamente este tipo de prácticas perversas que socavan la democracia y la gobernabilidad. Debemos exigir que el alcalde priorice las necesidades reales de la ciudad sobre sus ambiciones políticas a corto plazo.
Es fundamental que el alcalde se comprometa de manera genuina a resolver los problemas urgentes de la ciudad, brindando apoyo y supervisión efectiva a sus colaboradores para mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes de Cali.
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