Se ha venido planteando por el gobierno la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de reformar algunas de las instituciones colombianas. El debate se abrió porque la Carta de 1991 pone al Congreso como intermediario para que dicha posibilidad se concrete en unas elecciones autorizadas el legislativo. El escollo surge con un Congreso opositor, que dice ser contrapeso del poder ejecutivo y que ha bloqueado el trámite de las leyes más importantes presentadas por el gobierno, a pesar de haber obtenido aquel en las elecciones del 2022 más de 11 millones de votos, el resultado más alto en las urnas de las últimas elecciones.
La Corte Constitucional ha dicho en varias providencias que “con la Constitución de 1991 se inició constitucionalmente el tránsito de la democracia representativa a la participativa. Esta nueva concepción de nuestra democracia implica un cambio trascendental del sistema político, cuya primera y más clara manifestación se encuentra en la manera como se comprende al ciudadano como tal. El concepto de democracia participativa es más moderno y amplio que el de la democracia representativa. Abarca el traslado de los principios democráticos a esferas diferentes de la electoral, lo cual está expresamente plasmado en el artículo 2° de la Carta. Es una extensión del concepto de ciudadanía y un replanteamiento de su papel en una esfera pública que rebasa lo meramente electoral y estatal. El ciudadano puede participar permanentemente en los procesos decisorios que incidirán en el rumbo de su vida. Esto se manifiesta en varios artículos de la Carta sobre participación en escenarios diferentes al electoral.”
La nueva democracia obedece a factores diversos, como la erosión de la credibilidad en el sistema político vigente, la complejidad social, que pone a prueba las instituciones representativas heredadas del llamado
"Frente Nacional", el clamor de los diferentes sectores de la población de contar con un espacio político propio y la capacidad precaria del Estado para dar respuestas adecuadas a las demandas de la población. Con un Congreso que no discute, sino que bloquea la democracia, con integrantes de las Corporaciones que huyen del cumplimiento de sus deberes sin debatir ideas y, por el contrario, ausentándose de los debates destruyendo el quorum deliberatorio y decisorio, la democracia se socava en sus cimientos y, por tanto, no le queda otra opción la pueblo que tomar el poder que la propia constitución le ha dado para manifestarse a través de mecanismos diferentes como los cabildos populares y las convocatorias públicas y políticas diferentes a lo institucional.
El Congreso tiene que escucharse a sí mismo y aprobar leyes con algunos de los cambios que juzgue necesarios, pero no puede sabotearse a sí mismo, ni a la voluntad popular, ni los deseos de cambio de una sociedad asfixiada por el hambre, la pobreza, la exclusión, la discriminación y el negacionismo de la violencia que ha caracterizado a Colombia. Toda sociedad merece el cambio que vota en las elecciones presidenciales, la máxima expresión del poder de mando que tiene la democracia a través de sus líderes naturales. Al fin y al cabo, el Presidente es Jefe de Estado, de gobierno y suprema autoridad administrativa.
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