l alcalde de Cali, Alejandro Eder, vuelve a ser protagonista de la controversia debido a sus recientes declaraciones sobre la corrupción en el cuerpo de agentes de tránsito de la ciudad. En el marco de la presentación de 100 nuevos agentes de policía para reforzar el control del tránsito, el mandatario local hizo afirmaciones que han generado preocupación y cuestionamientos sobre su conocimiento de la administración pública.
Eder anunció un convenio hasta diciembre, por un valor de 5.500 millones de pesos, para incorporar estos agentes policiales al control del tránsito. Su argumento principal es que, al ser un cuerpo armado, los ciudadanos podrían mostrar mayor respeto y aceptación hacia los procedimientos. Sin embargo, lo que ha causado revuelo son sus declaraciones sobre la corrupción en el actual cuerpo de agentes de tránsito.
El alcalde manifestó estar "cansado de la corrupción" por parte de los agentes de tránsito, llegando incluso a afirmar que algunos suministran cuentas de la plataforma Nequi para evitar la imposición de comparendos. Estas declaraciones, provenientes de la máxima autoridad municipal, han dejado en entredicho a todo el cuerpo de agentes de tránsito, lo cual resulta injusto y contradictorio.
La contradicción se hace más evidente cuando el mismo alcalde anuncia la contratación de 400 agentes de tránsito adicionales. Surge la pregunta: ¿cómo puede el alcalde criticar tan duramente a los agentes actuales y al mismo tiempo planear aumentar significativamente su número?
Estas declaraciones revelan un aparente desconocimiento por parte del alcalde Eder sobre los alcances de la gerencia pública en cuanto a acciones disciplinarias y manejo del recurso humano. Al no individualizar las acusaciones ni presentar evidencias concretas, el alcalde no solo daña la imagen de todo un cuerpo de funcionarios, sino que también podría estar incurriendo en complicidad al no denunciar formalmente estos supuestos actos de corrupción.
Es importante recordar que la confianza en el gobierno local depende de la integridad de todos sus miembros, desde el más humilde trabajador hasta los funcionarios de más alto rango. Las declaraciones generalizadas y sin respaldo ni evidencia del alcalde Eder socavan esta confianza y ponen en tela de juicio la efectividad de su liderazgo.
Se hace un llamado urgente al alcalde para que, en lugar de hacer declaraciones públicas sin fundamento, actúe conforme a los protocolos establecidos en el régimen disciplinario. Es su deber como máxima autoridad municipal identificar y apartar a aquellos funcionarios que estén incurriendo en actos de corrupción, siguiendo los debidos procesos legales y administrativos.
Asimismo, se insta a la Personería Municipal a que tome cartas en el asunto, investigando tanto las acusaciones de corrupción como la manera en que el alcalde está manejando esta situación.
La lucha contra la corrupción es fundamental para el buen funcionamiento de la ciudad, pero debe llevarse a cabo de manera responsable, con evidencias claras y respetando los derechos de todos los funcionarios. Solo así se podrá sentar un verdadero precedente de que las acciones deshonestas no tienen cabida en la administración pública de Cali.
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