Crónica de una jornada violenta luego de un operativo de la policía para detener a dos jóvenes que consumían licor dentro de una vivienda.
El barrio Potrero Grande es quizás el sector más marginado de Cali, el más estigmatizado y señalado como el más violento. Fue construido encima de unos terrenos que dicen pertenecieron al narcotraficante Juan Carlos Abadia, alias Chupeta y quizas esa sea una de las tantas razones para la desgracia que viven sus habitantes. En esta hambruna desatada por la Pandemia del Covid19, Potrero Grande ha llevado la peor parte. Los famosos mercados llegaron a cuenta gotas, unos vivos se apropiaron de los bonos alimentarios, el Estado brilla por su ausencia con programas sociales para sus habitantes y muy especialmente para los jóvenes.
El Diario La Razón quiso visitar este sector porque tenía una primicia informativa que nada tenia que ver con la violencia, pero el menú noticioso cambio apenas nos bajamos del carro: “Señor periodista ayer domingo 40 policías llegaron a nuestras casas, las violentaron, nos dispararon con armas de fuego, golpearon a mujeres y niños”. ¿Quiere hablar con ellos, que le cuenten como fue el horror que nos tocó vivir? -Claro-, les dije de modo que la otra primicia va para mañana.
Pasamos por pasajes tristes y desolados. Casas sin ventanas, ni puertas, eran las huellas del desplazamiento urbano que se presentó en el barrio cuando existía una peligrosa banda llamada los tumba puertas, quienes llegaban violentaban las viviendas porque sus propietarios no pagaban el peaje para poder ingresar al barrio, los sacaban a la fuerza y allí se asentaban los pandilleros.
Potrero Grande es un barrio hermoso, sus calles son pavimentadas, tienen avenidas, parques espaciosos, un centro de salud bien edificado, la alcaldía saliente les dejó un colegio espectacular para los niños de básica primaria, el cual no lo han podido estrenar por falta de profesores y ahora por la pandemia. Los niños tenían que ir por pico y clase ante la ausencia de maestros. También funciona un colegio gigante el “Nelson Garcés Vernaza”, el cual administra Comfandi. Tiene una iglesia bellisima y un CDI para los niños. Con todo esta infraestructura Potrero Grande, debía ser el mejor barrio de la Comuna 21, pero lamentablemente no es así.
Es habitado por seres humanos, la mayoría desplazados por la violencia en Chocó, Nariño y Cauca. Vivían en el Jarillon sobre el Río Cauca de donde fueron reubicados en el barrio. Las entregaron las casas a 20 millones de pesos para pagar en 16 años que se cumplen en este 2020. La gente no ha tenido como pagar el techo porque sus condiciones económicas son muy precarias.
Pero volvamos a la batalla: Llegamos a las calle 125A con carrera 28D1, sector cuatro. El domingo 24 de mayo hacia las 11 de la mañana un par de jóvenes estaban consumiendo licor dentro de una vivienda. Una patrulla de policías llegó y después de un forcejeo los esposaron para llevarlos retenidos, la gente protestó porque esa no es la manera de proceder pues no había Ley Seca, ni Toque de Queda y estaban dentro de sus casas. Los policías se fueron y regresaron con refuerzos. Dicen que eran 20 motos y 40 policías. Llegaron agrediendo a la gente y con un bolillazo tumbaron a un joven y lo arrastraron para llevarselo, la madre intervinó porque según ella, su hijo no estaba haciendo nada, solo parado en una esquina. Todas las personas coinciden en señalar que no había presencia de pandillas, no había enfrentamientos, ni había peleas que justificaran la agresión oficial. A la mamá del muchacho le pegaron con un bastón en la cabeza y entonces su sobrino se metió y empezó el jaleo. Los vecinos salieron y les gritaron cobardes, policias hp y otras frases parecidas. Los uniformados respondieron rompiendo ventanas, disparando e ingresando a varias viviendas en búsqueda de los revoltosos. Enceguecidos los policías les gritaban: “que se mueran todos hps, ustedes no merecen vivir” y lanzaron gases lacrimogenos, los casquillos de las balas quedaron como recuerdo de aquel domingo de horror.A la comunidad lo que más le duele es que la violencia oficial la hicieron frente a bebés de brazos, sin importar nada. Las balas rozaron a un criatura de solo 3 meses.
“Señor periodista aquí no sabemos a quien tenerle más miedo, a los delincuentes o a la policía”, exclama una mujer que recibió una pedrada en su pierna derecha. Las huellas de la asonada oficial están frescas, los reporteros vimos las piedras dentro de las casas, los huecos de bala en las paredes. Las puertas hundidas por las patadas, los utensilios de cocina rotos en el piso, asientos destrozados.
Nadie entiende como no hubo muertos en esa trifulca aunque los heridos y lesionados fueron muchos. En esa cuadra vimos a más de 4 mujeres cojeando, a muchachos con las manos hinchadas, moretones en la cabeza, el rostro triste de los niños. Y después preguntan ¿por qué los jóvenes son tan violentos?
A los detenidos los llevaron a “la sala de masajes” de la Estación de Policía donde un gordo al parecer patrullero los recibió y no propiamiente a darles masajes. La comunidad pide se investigue la sistemática violación de los derechos humanos a la población vulnerable de este sector.
“Nosotros somos seres humanos, no basura. Necesitamos que nos respeten nuestros derechos. En esta ocasión no había ningún motivo que justificara la violencia de los policiales en contra nuestra, salimos huyendo de los guerrilleros y los paramilitares y ahora nos tocará huir de la policía”, triste conclusión de uno de sus habitantes. Consideran que la fuerza pública no puede emplear las armas de fuego contra los civiles, así por así.
El periódico La Razón se abstiene de revelar la identidad de las personas que nos relataron este operativo policial, pero en nuestro poder tenemos fotos de las balas, de los huecos en las paredes, vídeos de los policías rompiendo puertas. Es urgente que la personería instale una mesa de derechos humanos para que policías y comunidad afiancen su confianza y en este bello sector se pueda vivir en armonía y paz.
Mañana espera otro primicia desde Potrero Grandela Razón periodismo Comunitario.
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