Defensoría del Pueblo expresa profunda preocupación por presuntos nexos entre disidencias de las FARC, Fuerza Pública y funcionarios del estado

La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas tras la reciente divulgación de información sobre posibles conexiones entre integrantes del denominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), miembros de la Fuerza Pública y funcionarios del Estado, incluidos el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia.

En un pronunciamiento público, la entidad expresó su “profunda preocupación” y planteó la necesidad de una reevaluación integral del proceso de paz que adelanta el Gobierno con este grupo armado. Según la Defensoría, las revelaciones, de confirmarse, no solo apuntan a “un plan distinto de parte del grupo”, sino que también abren interrogantes sobre “la integridad de todo el Gobierno en un proceso que debe ser incorruptible y orientado genuinamente hacia la paz”.

Entre el papel y el territorio

El documento subraya la brecha creciente entre los compromisos formales asumidos en la mesa de diálogo y la realidad que reportan las comunidades en los territorios.

En el papel, el EMBF se ha comprometido a suspender el reclutamiento de menores, respetar los procesos electorales y avanzar hacia la concentración de sus integrantes en zonas de ubicación temporal.

En la realidad, según la Defensoría, se registra un aumento del número de hombres del grupo en distintas regiones, una expansión de su presencia territorial y un control poblacional cada vez más marcado en departamentos como Caquetá, Huila, Tolima, Meta y Guaviare. Persisten, además, el reclutamiento y las dificultades para concretar la concentración de sus estructuras, pese a lo acordado.

La entidad recordó, como antecedente, el episodio ocurrido en Añorí en julio de 2024, cuando se verificó el traslado de integrantes del grupo sin suspensión de órdenes de captura, así como el transporte de dinero, armas y un menor de edad, lo que consideró un uso inadecuado de las facultades presidenciales para la paz.

Llamado a investigaciones y medidas inmediatas

La Defensoría fue categórica en su exigencia a los órganos de control. “Es urgente que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación adelanten las investigaciones penales y disciplinarias con celeridad, independencia e imparcialidad”, señala el pronunciamiento.

Asimismo, pidió a los superiores jerárquicos de los funcionarios presuntamente involucrados que adopten “medidas inmediatas que garanticen la integridad de las investigaciones y eviten cualquier interferencia”, entre ellas la evaluación del retiro de funciones de aquellas personas que podrían estar comprometidas en posibles hechos de corrupción.

En su llamado final, la Defensoría interpeló directamente al Estado Mayor de los Bloques y Frentes para que aporte “hechos de paz” verificables. La entidad exigió la liberación inmediata, masiva e incondicional de todos los niños, niñas y adolescentes reclutados en sus filas, como paso indispensable para aliviar el sufrimiento de la población civil en los territorios afectados por la violencia.