De la Gran Colombia a la gran discordia

Por Diego Rojas Girón

La Gran Colombia nació en 1819 como una ambiciosa construcción política concebida por Simón Bolívar durante el Congreso de Angostura. Aquel proyecto integró los territorios que hoy corresponden a Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, con la aspiración de consolidar una potencia regional capaz de disputar influencia política, económica y militar en el continente. La disolución llegó apenas una década después: en 1830, Venezuela y Ecuador se separaron, y la Nueva Granada siguió su propio camino. Del sueño bolivariano quedó, sobre todo, la bandera tricolor como símbolo compartido.

Desde entonces, la relación entre las naciones surgidas de aquella unión ha estado marcada por tensiones recurrentes, muchas de ellas asociadas a disputas territoriales y desconfianzas mutuas. En el caso de Ecuador y Colombia, esas fricciones resurgen hoy bajo nuevas formas, atravesadas por el narcotráfico, la criminalidad transnacional y decisiones políticas de alto impacto económico.

En 2026, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció la imposición de aranceles de hasta el 30 % a las exportaciones colombianas, argumentando una supuesta falta de cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. El discurso, para algunos analistas, revive viejas heridas diplomáticas, incluida la memoria de la Operación Fénix de 2008, cuando fuerzas colombianas incursionaron en territorio ecuatoriano para abatir a miembros de las FARC, entre ellos alias Raúl Reyes, durante el gobierno del entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos.

Colombia y Ecuador comparten una frontera de 586 kilómetros, caracterizada por un intenso flujo migratorio y comercial, tanto legal como ilegal. En esa franja se cruzan rutas estratégicas del narcotráfico y del tráfico de armas. De acuerdo con la organización International Crisis Group, cerca del 40 % de la coca procesada en Colombia sale por Ecuador, mientras que aproximadamente el 50 % de las armas ilegales que alimentan a los grupos armados colombianos ingresan por esa misma frontera. El conflicto en departamentos como Cauca, agravado tras la suspensión de las fumigaciones con glifosato, está directamente vinculado a esa economía criminal binacional.

Pese a que se trata de un problema compartido, el presidente Noboa ha optado por presentar a Ecuador como la principal víctima y trasladar la responsabilidad al gobierno colombiano. En respuesta, la administración del presidente Gustavo Petro anunció la suspensión de la interconexión eléctrica —un recurso clave para Ecuador— y la imposición de aranceles del 30 % a una veintena de productos ecuatorianos. Aunque Quito aseguró tener capacidad para suplir su demanda energética, el intercambio de represalias marcó un nuevo nivel de confrontación económica.

El conflicto se ve además atravesado por tensiones políticas y diplomáticas. Petro solicitó la libertad de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, a quien Colombia otorgó ciudadanía, una decisión rechazada por el gobierno ecuatoriano debido a las condenas por corrupción que pesan sobre él. Episodios de este tipo refuerzan la percepción de injerencia y profundizan la distancia entre ambos gobiernos.

Más allá del plano económico y político, el trasfondo es claramente criminológico. Colombia y Ecuador enfrentan tasas alarmantes de violencia. Según el medio ecuatoriano Primicias, citado por El Espectador en enero de 2026, Ecuador registró en 2025 una tasa de homicidios de 50,9 por cada 100.000 habitantes, con más de 9.000 asesinatos intencionales. En Colombia, masacres recientes en Guaviare y ataques contra la fuerza pública en Antioquia reflejan una dinámica similar de control territorial por parte del crimen organizado.

Ambos países comparten patrones inquietantes: el accionar delictivo desde las cárceles, la internacionalización de bandas criminales, el uso de métodos violentos como coches bomba —desde Cali hasta Guayaquil— y la ausencia de una política criminal integral y sostenida. Incluso las coincidencias trágicas, como el asesinato de figuras políticas en contextos electorales, subrayan la profundidad del problema.

La discordia actual revela el fracaso de respuestas fragmentadas frente a fenómenos transnacionales. La herencia de la Gran Colombia no debería reducirse a símbolos históricos ni a disputas comerciales coyunturales. La responsabilidad de ambos gobiernos es avanzar hacia mecanismos conjuntos de análisis y acción que prioricen soluciones estructurales, donde la cooperación económica y de seguridad sea el punto de llegada, y no el primer sacrificado.