Crisis de participación en Cali

Cali completa casi diez años sin renovar su representación ambiental comunitaria, dejando inactivo el principal mecanismo ciudadano de control sobre los proyectos de la autoridad ambiental y profundizando un vacío de legitimidad en las decisiones territoriales.

Mientras el DAGMA enfrenta cuestionamientos por su debilitada capacidad de autoridad y la ejecución precaria de proyectos, un nuevo informe desplaza el foco hacia una falla estructural menos visible, pero crucial: la parálisis del Sistema de Gestión Ambiental Comunitario (SIGAC).

Creado por el Decreto 411.0.20.0566 de 2016, el SIGAC fue concebido como la columna vertebral de la democracia ambiental en la ciudad. Su diseño incluye Comités Ambientales Comunitarios, Comisiones Territoriales y un Consejo Ambiental Comunitario Municipal (CACM), un entramado institucional que, en teoría, permite concertar, vigilar y acompañar la política pública ambiental en los territorios.

Un sistema detenido en el tiempo

La versión oficial entregada por el DAGMA al edil Miguel Ángel Homen (Rad. 202541730100857402) revela una situación crítica: las elecciones del SIGAC debían realizarse en 2020. El proceso se suspendió y, por vía de tutela, se mantuvo en funciones a representantes anteriores. Para finales de 2025, el sistema continúa estancado en la “etapa preelectoral”, sin avances sustantivos.

El precio de la omisión

La ciudad carga así con casi una década sin renovación democrática en su sistema ambiental comunitario. Este prolongado vacío afecta la legitimidad del DAGMA y debilita uno de los pilares de la gobernanza ambiental.

“La gobernanza ambiental no se decreta: se ejerce”, advierte el informe. La falta de un SIGAC activo implica pérdida de control social, debilitamiento de la fiscalización ciudadana, ausencia de alertas tempranas territoriales y menor capacidad para incidir en decisiones críticas sobre cuencas hídricas, calidad del aire y conflictos socioambientales.

El documento sostiene que la omisión administrativa ha “desmantelado” el sistema: una autoridad ambiental sin un SIGAC funcional “es solo un edificio”, y una política ambiental sin participación “es solo un documento”.

Urgencia de una gerencia pública ambiental

El análisis concluye que reactivar el SIGAC no es una alternativa, sino una obligación legal y administrativa. Para restituir la legitimidad y reconstruir la gobernanza territorial, el DAGMA debe:

• Realizar sin dilaciones las elecciones ambientales en comunas y corregimientos.

• Conformar un nuevo CACM con legitimidad democrática.

• Garantizar presupuesto propio, suficiente y trazable para el sistema.

• Reconocer al SIGAC como actor obligatorio en la formulación de políticas ambientales y no como un componente decorativo.

La ciudad no puede aspirar a una gestión ambiental seria sin activar su sistema de participación. La reactivación del SIGAC es la pieza fundamental para restablecer la corresponsabilidad, fortalecer el control social y reconstruir la relación entre el Estado y los territorios.