Un exhaustivo examen a la contratación realizada por la alcaldía municipal realizará la Contraloría Distrital de Cali a cargo de Maria Fernanda Ayala tras numerosas denuncias de casos de corrupción en especial en la compra y distribución de mercados para la población vulnerable.
Como lo ha informado profusamente el Diario La Razón del Valle, existen evidencias de sobrecostos en los mercados comprados en Almacenes La 14 y la empresa Rápidos y Sabrosos pues en su costo se denota un elevado aumento de los precios. La administración justifica los sobrecostos porque los empresarios deben pagar estampillas, IVA y otras arandelas. Sin embargo, los artículos no obstante que se compran al por mayor son vendidos como si fueran adquiridos al detal.
El ente de control anunció que verificará el costo de cada producto de los mercados humanitarios para determinar si se ajustan a las necesidades de los ciudadanos y si la contratación fue transparente.
La Contraloría General de Santiago de Cali adelanta la revisión de la contratación realizada por la administración distrital de Santiago de Cali y sus entidades descentralizadas en el marco de la urgencia manifiesta determinada oficialmente para hacer frente a la emergencia sanitaria derivada de la pandemia global del coronavirus.
Con el fin de mitigar el impacto de las medidas de aislamiento de las personas y prevenir el contagio del Covid 19, el Alcalde de Santiago de Cali Jorge Iván Ospina adoptó un Plan de contingencia que, entre otros aspectos, incluyó la declaratoria de la urgencia manifiesta como mecanismo para facilitar la contratación de los bienes, servicios y obras que requiera para mantener la continuidad en la prestación del servicio público y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
En este contexto, la Contralora General de Santiago de Cali, María Fernanda Ayala Zapata, anunció que hasta el día de ayer la administración municipal y la Red de Salud Norte ESE habían remitido a esta Contraloría, para su respectiva revisión, un total de 33 contratos suscritos en el marco de la urgencia manifiesta por un valor de $10.415 millones.
El objeto de tales contratos incluye, entre otros, la prestación de servicios logísticos y de transporte para el desarrollo de las actividades de emergencia, prestación de servicios profesionales de apoyo, adquisición de materiales y suministros, atención y orientación de solicitudes telefónicas incluido el aporte de los equipos de comunicaciones respectivos, suministro de alimentos para los funcionarios municipales y miembros de la policía nacional que atienden la emergencia en terreno, insumos y dispositivos médicos, compra de elementos de aseo e insumos para desinfección, de elementos de protección personal, adquisición de bonos y mercados para grupos vulnerables, y adquisición de SOAT para vehículos asignados a la policía para atender la emergencia.
“Estamos trabajando en dos frentes al mismo tiempo en el marco de esta emergencia sanitaria: revisando la legalidad de la declaratoria de la urgencia manifiesta adoptada por el Alcalde el 11 de marzo pasado y por otras entidades locales, con todos sus argumentos y soportes documentales, y por otra parte revisamos la contratación suscrita y su ejecución, constatando sus objetos, valores e idoneidad de los contratistas y contrastando los precios del mercado para garantizarle a los caleños el respeto al principio de economía pese a la modalidad de contratación excepcional determinada por la emergencia actual”, dijo la Contralora Ayala Zapata.
Aunque la Contraloría solo ha recepcionado los contratos referidos, continúa atenta y vigilante a la presentación de todos los contratos que se suscriban en cada dependencia y entidad descentralizada, y para ello reiteró la obligatoriedad de los gestores públicos de remitir a este organismo de control la totalidad de los procesos contractuales derivados de la urgencia manifiesta, tal como lo hizo el 25 de marzo pasado cuando remitió una circular a sus sujetos de control fiscal y como lo remarcó el 8 de abril pasado en comunicado conjunto del Comité Regional de Moralización instancia donde se alertó sobre el cumplimiento imperativo de los principios de la contratación pública aun en situaciones de excepción.
Comments