La rama legislativa del poder público tiene importantes funciones. La Constitución la atribuye, entre otras, aprobar los actos legislativos que reforman la Constitución y expedir todas las leyes que requiera el funcionamiento de los diferentes órganos y demás ramas del Estado. Además, elige y nombra servidores públicos en otras ramas del poder. Ejerce, también el control político del gobierno, que según ellos es la más importante tarea, cuando se trata de justificar por qué les pagan $50 millones de pesos mensuales más prestaciones legales y tienen una unidad de trabajo legislativo con 50 salarios mínimos legales mensuales que ellos reparten a su arbitrio. Mientras tanto un trabajador que sirve a un empresario recibe el salario mínimo por 8 horas diarias y puede ser despedido si incumple su horario de trabajo. Los Congresistas no son despedidos como cualquier obrero raso, aún cuando su trabajo algunas veces se reduce a insultar, denigrar y vociferar, sin que nadie juzgue la calidad de sus intervenciones o sus asistencias, salvo a las plenarias.
Pues bien en este gobierno las mayorías parlamentarias han dedicado su mayor esfuerzo a doblegar al gobierno, porque no repartió como es debido y como era costumbre hasta el 2022, ministerios, agencias nacionales, superintendencias y Unidades y entidades descentralizadas, entre quienes constituyen la llamada “coalición” que es apenas un grupos de políticos arropados por los votos regionales que se dedican al chantaje y a la consecución de puesticos y contratos, abandonando las funciones esenciales que les asigna la Constitución. Todo ello porque la corrupción política es manifiesta desde los tiempos de la colonia y que nadie quiere dejar desaparecer, porque rinde más que el salario de un “servidor público”. Pero el presidente Petro no era cualquier personaje, porque traía como misión recuperar el poder para el pueblo, hacer inversión social, rescatar de las garras políticas a Ecopetrol y evidenciar que la salud y la educación son derechos fundamentales, que están por encima de la construcción de carreteras y la destrucción del medio ambiente. Allí fue troya, porque los políticos no tienen interés en los derechos de las personas sino en los derechos que ellos mismos defienden y que les permiten apropiarse de los bienes del Estado con total impunidad.
Llevamos 2 años sufriendo las consecuencias de una política paralizante, como lo demuestran las encuestas que hacen las más reconocidas firmas del país y algunos piratas de la estadística, donde siempre gana el que las paga. 24 meses sin que se hayan aprobado las leyes que necesita la ciudadanía para salir de la pobreza para superar los terribles informes que presentan entidades y medios internacionales entre ellos la CEPAL, donde afirman que Colombia fue “uno de los países que salió peor parado en el último informe y ocupó el segundo lugar entre los que tienen un mayor porcentaje de su población en condiciones de pobreza. Así las cosas, los datos señalan que más del 30 % de la población del país es pobre, lo cual equivaldría a más de 15 millones de personas, si se tienen cuenta el último dato demográfico de 52,70 millones de habitantes”. Pues bien, mientras los pobres mueren de hambre y padecen necesidades, el Congreso está paralizado y se ha convertido en una rama paralizante, pues no trabaja por el bien de Colombia sino por los 2000 empresarios que apoyan sus campañas para enriquecerse más. ¡Esa es nuestra terrible realidad!<
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